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La Fiscalía Europea pide los informes de la UCO sobre la trama corrupta del ‘caso PSOE’ en Canarias y Baleares

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Ángel Víctor Torres y Francina Armengol bajo la lupa de la Fiscalía de la UE por sus adjudicaciones de fondos europeos a la mercantil de Víctor de Aldama

La Fiscalía Europea ha pedido al instructor del ‘caso PSOE’ informes de la UCO de la Guardia Civil y de Hacienda sobre las adjudicaciones de contratos de material sanitario defectuoso por los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias.

Al tratarse de compras sospechosas de mascarillas pagadas con dinero de la UE, la Fiscalía Europea abrió una causa separada a la que dirige la Audiencia Nacional española para dilucidar por su cuenta si hubo desviación de fondos.

Adjudicaciones a la trama de gobiernos autonómicos socialistas y de tres ministerios

La mercantil de Víctor de Aldama, ‘Soluciones de Gestión’, obtuvo más de 52 millones de euros con la venta de mascarillas defectuosas durante la pandemia, entre adjudicaciones de ministerios y gobiernos autonómicos controlados por socialistas.

Entre los contratos investigados figuran cuatro con el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres -actual ministro de política territorial- que superan los 10 millones de euros y un quinto, de 3,7 millones, con el Gobierno balear de Francina Armengol -actual presidenta del Congreso-.

La Fiscalía Europea pide transcripciones de pinchazos telefónicos de la UCO

La Fiscalía Europea ha solicitado información sobre cuatro contratos, entre abril y mayo de 2020, que ‘Soluciones de Gestión‘ firmó con el gobierno canario de Torres y un quinto con el gobierno balear de Armengol, por importe conjunto de 16.019.079 euros.

El Ministerio Público europeo ha reclamado los oficios de la UCO donde constan las transcripciones de los pinchazos telefónicos a los investigados en la trama corrupta del ‘caso PSOE’ y las peticiones que cursó la Benemérita para mantener las escuchas entre octubre de 2023 y febrero de 2024.

Además, la Fiscalía Europea solicita también a la Audiencia Nacional informes de la Guardia Civil y Hacienda, fechados entre septiembre de 2022 y febrero de 2024, donde analizan contratos firmados por ‘Soluciones de Gestión’ y los ministerios de Transportes, Interior y Sanidad.

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