‘Existe claro riesgo de fuga’ y ‘peligro de que el investigado pueda cometer hechos semejantes’, argumenta la Fiscalía en su recurso
La Fiscalía ha recurrido la decisión de la magistrada del juzgado de Cangas de Onís que dejó en libertad con cargos al agresor, reincidente, que atacó con extrema violencia a agentes de la Guardia Civil en la citada localidad asturiana. Según el Ministerio Público, el encausado debe permanecer en prisión provisional hasta el juicio, tanto por el riesgo de fuga, como por el peligro de volver a cometer agresiones semejantes.
La Fiscalía del Principado de Asturias “ha presentado en el juzgado de instrucción de Cangas de Onís un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto dictado el pasado 22 de agosto por el que se denegó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por la presunta agresión a varios guardias civiles”.
El Ministerio Público ha solicitado “la medida cautelar dada la gravedad de los hechos, la especial virulencia de estos, lo elevado de las penas en caso de condena, el peligro de que el investigado pueda cometer hechos semejantes y al considerar que existe un posible riesgo de fuga”, precisó.
‘Existe claro riesgo de fuga del investigado’ y peligro de perpetrar ‘hechos semejantes’
Según ha detallado el digital La Nueva España, la Fiscalía ha reiterado los argumentos en que basa la solicitud: existe un claro riesgo de que el sujeto, un madrileño de 28 años reincidente, escape de la acción de la Justicia, habida cuenta a las penas que afronta. Una petición de penas respaldadas por las declaraciones de los guardias, las grabaciones presentadas y los partes médicos de siete agentes lesionados.
“En principio, y sin perjuicio de las modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la instrucción del procedimiento, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de atentado cualificado y de siete delitos de lesiones, a determinar si leves o menos graves”, añade la Fiscalía. En total, el agresor afronta peticiones de penas que pueden llegar hasta los cinco años de cárcel.
Esta postura de la Fiscalía coincide con la petición realizada desde la propia Guardia Civil y desde Jucil, asociación mayoritaria de agentes en el Principado de Asturias y a nivel nacional. Jucil, además, anunció que se personará como acusación pública en el juicio para evidenciar que existe una disminución progresiva del principio de autoridad de los agentes.
