Opagac denuncia competencia desleal al eliminar aranceles a los filetes congelados indonesios pese a las dudas sobre sostenibilidad y trazabilidad
La industria atunera española ha abierto un nuevo frente contra la Comisión Europea. La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) critica duramente el acuerdo de libre comercio entre la UE e Indonesia, que eliminará el arancel del 18% a los filetes de atún congelados procedentes del país asiático.
Según el sector, esta medida supondrá una competencia desleal que amenaza la estrategia de valor añadido de las empresas españolas, que han invertido fuertemente en ultracongelación a bordo para posicionarse en el segmento premium del “fresco descongelado”.
Julio Morón, director gerente de Opagac, explicó a The Objective su sorpresa ante la decisión: “Pensábamos que el atún iba a ser considerado un producto sensible dentro del tratado”.
Mientras Bruselas ha establecido límites para conservas (800 toneladas) y lomos precocinados (5.000 toneladas), los filetes congelados quedan completamente liberalizados.
Atún tropical
Indonesia, principal productor mundial de atún tropical con alrededor de 700.000 toneladas anuales, podría inundar un mercado europeo que consume unas 70.000 toneladas de filetes al año, de las cuales Europa solo produce 20.000.
El temor principal es un desplome de precios que ponga en riesgo la rentabilidad de la flota y la industria transformadora española, que ya ha venido reduciendo su dependencia del modelo tradicional de conservas.
Además, Opagac y Europêche alertan de las deficiencias en la flota indonesia: falta de trazabilidad completa, ausencia de observadores científicos, transbordos en alta mar y posibles casos de pesca ilegal y trabajo forzoso. “Indonesia opera con flotas muy lejos de los estándares europeos en sostenibilidad y controles”, denuncia Morón. El sector también subraya el riesgo para el consumidor europeo, que podría recibir producto sin información clara sobre su origen.
Malestar en el sector primario
Este conflicto se suma al creciente malestar del sector primario europeo ante la política comercial de Bruselas, que impone estrictos requisitos ambientales y sanitarios dentro de la UE mientras abre las puertas a importaciones con estándares más laxos. El acuerdo, firmado en septiembre, se encuentra ahora en fase de tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo.
La patronal atunera buscará introducir cláusulas de salvaguarda, contingentes o mecanismos automáticos de protección para evitar daños irreversibles. “Necesitamos algún tipo de salvaguarda que nos dé oxígeno o, al menos, tiempo para adaptarnos”, concluye Morón.
