La responsabilidad del estado de la estructura recae en la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica
La investigación judicial sobre el colapso de la pasarela de El Bocal en Santander, en el que fallecieron seis jóvenes, apunta directamente a la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de la infraestructura.
La jueza encargada del caso concluye que la conservación y el control de la estructura correspondían a la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según su criterio, este organismo tenía la obligación exclusiva de garantizar el correcto estado de la pasarela.
Acciones penales contra altos cargos de Costas
En su resolución, la magistrada ha decidido iniciar acciones penales contra dos responsables vinculados a este organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras y el director de Obras que dirigió la actuación de la senda litoral en 2012, quien actualmente ocupa el mismo cargo.
El auto, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, subraya que la pasarela permaneció abierta al público durante años sin que las obras se hubieran finalizado oficialmente ni recepcionado por el Ayuntamiento de Santander. Esta situación refuerza, según la jueza, la responsabilidad de Costas en su mantenimiento desde al menos 2014.
Posible negligencia en el mantenimiento
La resolución también destaca indicios de una posible actuación negligente. La única intervención de reparación documentada, realizada en julio de 2024, se centró únicamente en elementos de madera, sin abordar el deterioro de la estructura metálica, que presentaba un grave estado de corrosión, tal como recoge el informe de la Policía Científica.
Un proyecto inconcluso y abandonado
El origen de la infraestructura se remonta a un proyecto iniciado en 2012, que quedó paralizado tras la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria. Posteriormente, una nueva propuesta en 2016 tampoco llegó a materializarse. Como consecuencia, la responsabilidad de su conservación recayó completamente en Costas.
El papel del Ayuntamiento de Santander
No obstante, la jueza también matiza el papel del Ayuntamiento de Santander, al que atribuye competencias de control sobre espacios de acceso público. En este sentido, considera que el consistorio debería haber adoptado medidas preventivas —como el cierre, la señalización o la restricción del acceso— si detectaba riesgos, especialmente tratándose de un espacio integrado en rutas turísticas muy frecuentadas.
