La ausencia de inspecciones y mantenimiento durante casi una década generó un riesgo “relevante” que provocó la muerte de seis jóvenes
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha imputado como investigado al que fuera jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria entre 2014 y mayo de 2023. Se trata del tercer alto cargo de Costas que pasa a estar bajo investigación por el derrumbe de la pasarela de El Bocal, ocurrido el pasado 3 de marzo, que costó la vida a seis jóvenes y causó heridas graves a una séptima persona.
En un auto hecho público hoy, la jueza sostiene que existe “posesión de garante” por parte del funcionario respecto a la seguridad estructural de la pasarela.
Según el informe pericial judicial, la falta de inspecciones y mantenimiento adecuados impidió detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, especialmente la corrosión de los herrajes metálicos expuestos al ambiente marino.
La pasarela nunca fue recepcionada por el Ayuntamiento
La pasarela, construida en 2014 como parte de la senda costera y nunca recepcionada por el Ayuntamiento de Santander, permaneció abierta al público sin restricciones ni controles periódicos.
Las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas fueron tardías, parciales y limitadas a la estructura de madera, sin abordar los elementos críticos de unión. El auto subraya que esta omisión “concausal” contribuyó directamente al colapso y podría constituir seis delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave.
Responsable: Gobierno de Pedro Sánchez
Con esta imputación se suman tres los responsables de Costas que declararán el próximo 15 de mayo ante la jueza: el exjefe de Servicio imputado hoy, su sucesor en el cargo y el jefe de la Demarcación de Costas. Ese mismo día se practicará toda la prueba pericial, incluida la inspección ocular en el lugar de los hechos autorizada por la magistrada.
El caso ha puesto el foco en la responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica, que, según la jueza, era la única administración obligada a garantizar la conservación de la pasarela al no haber finalizado las obras. Las familias de las víctimas, representadas como acusación particular, ya han anunciado que participarán activamente en la investigación.
