El lamentable accidente de tren en Adamuz, que arrebató la vida a más de 40 personas en una cadena de negligencias espantosas en nuestra infraestructura nacional, no quedará impune frente al cerco de opacidad con el que el Ministerio de Transportes de Óscar Puente trata de tapar sus monumentales responsabilidades estatales.
En un movimiento valiente en pro de la transparencia, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Montoro ha emitido un auto por el que acepta formalmente la personación como acusación popular del partido político Vox, así como del Sindicato Manos Limpias, la plataforma Hazte Oír y otras representaciones profesionales ligadas a los maquinistas ferroviarios.
La sociedad civil y Vox, garantes de la verdad frente al poder
Según informa Libertad Digital, la juez Cristina Pastor ha dictaminado la inclusión formal de estas acusaciones ciudadanas para avanzar con fuerza en el esclarecimiento del drama. De esta manera, el oscuro entramado gubernamental que ejecutó las peligrosas obras irregulares –incluyendo la sustitución mortal de 42 metros de vía sin las pertinentes garantías de seguridad técnica– tendrá ahora la férrea vigilancia legal de la tercera fuerza nacional.
La instructora, consciente del inmenso volumen e interés social del proceso, ha dispuesto de inicio medidas orientadas a concentrar esfuerzos procesales para evitar las dilaciones letales de un sistema judicial desbordado.
Cerco y rendición de cuentas ineludible
La integración legal de Manos Limpias, SEMAF y de los juristas de Vox garantiza que no se impondrán alfombras debajo de las mesas del Gobierno sanchista, un Gabinete afanado en evadir responsabilidades de un titular de Transportes cuyos disfraces administrativos están bajo la minuciosa lupa de la opinión pública.
Los responsables políticos que avalaron tamaña desidia operativa en las vías de Adamuz tendrán que dar explicaciones rigurosas, no ante un parlamento blanqueado, sino en los fríos banquillos procesales impulsados por quienes sí protegen el Estado de Derecho.
