El jueves 31 de agosto, el juez de distrito Robin L. Rosenberg desestimó el intento del abogado floridano Lawrence Caplan de invocar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para prohibir que Donald Trump volviera a ocupar cargos públicos. El dictamen de Rosenberg afirmaba que Caplan y los otros dos demandantes no tenían el derecho legal de pedirle a la Justicia que proscribiera al expresidente, ya que “los perjuicios alegados no son reconocibles y no le son propios”.
Caplan, Barry Butin y Michael Strianese argumentaron que, como ciudadanos y residentes estadounidenses, serían perjudicados si Trump pudiera competir en las elecciones primarias y presidenciales después de haber violado la Sección Tres de la Enmienda Decimocuarta. Esta sección prohíbe a cualquiera que haya prestado juramento a la Constitución participar en una “insurrección o rebelión” o prestar “ayuda o protección” a los enemigos de la máxima ley del país.
Pero el Magistrado encargado del caso declaró que un individuo no tiene la autorización para cuestionar si otro individuo es apto para desempeñar un puesto público. Como los reclamantes no tenían legitimación, el Tribunal carecía de la misma. Por ende, la Corte concluyó que no tenía jurisdicción sobre el caso y rechazó la demanda.
Rosenberg fue desestimado en su denuncia, y no tuvo que responder preguntas acerca de cómo la Decimocuarta Enmienda podría ser usada para vetar a Trump. Esto dejó aún sin respuesta si el caso de Washington y Georgia, o la acción de un funcionario electoral para quitar a Trump de la boleta, son suficientes para activar la mencionada enmienda constitucional.
Más allá de Caplan, varias entidades activistas comenzaron a mover los engranajes con la intención de aplicar la provisión constitucional contra el expresidente. Free Speech For The People y Mi Familia Vota, por ejemplo, escribieron una carta al secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, instándolo a que activara la Sección Tres. Igualmente, otros nueve secretarios de Estado en otros estados recibieron cartas similares. Estas iniciativas han puesto el foco de la discusión en los secretarios de Estado en todo el país.
