Los vocales acusan al Fiscal General del Estado de ocultarles la petición del Senado y desmontan sus argumentos para negarse a colaborar con la Cámara Alta
En un ambiente chavista por las continuas cacicadas institucionales para evitar que órganos consultivos emitan informes contrarios a la amnistía, 6 vocales del Consejo Fiscal elaboraron un borrador del informe que pidió el Senado y que el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, se negó a tramitar.
Los vocales, pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF) explican en un comunicado que supieron por la prensa que la Mesa del Senado dirigió al Fiscal General del Estado (FGE) una nueva petición para que el Consejo Fiscal elaborase un informe sobre la amnistía.
El comunicado, demoledor con la norma, también reprocha los obstáculos planteados por García Ortiz y desmonta cada argumento que esgrimió ante la Mesa de la Cámara Alta para negarse a cumplir su petición.
Ortiz ocultó la petición del Senado y el Consejo Fiscal se enteró por la prensa
«Dados los precedentes y no habiendo sido informados de la nueva petición, los Vocales de la AF mostramos al FGE ayer, 8 de abril, nuestra preocupación por que la petición volviera a ser desatendida y sustraída del conocimiento del Consejo Fiscal» indica el documento.
La Asociación afea que «Por tercera vez, las peticiones de los Vocales han sido deliberadamente ignoradas por el FGE y, por toda respuesta, hemos recibido copias de las cartas remitidas al Senado declinando las peticiones de la Cámara».
Para la Asociación mayoritaria de fiscales, «resulta inconcebible que el FGE estime que las peticiones formuladas por los Vocales no merezcan respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado».
«Pero si esta muestra de descortesía merece reproche», subraya la AF, «el mayor de los rechazos debe centrarse en la ocultación al Consejo Fiscal de las peticiones formuladas por el Senado», de manera que «sólo tuvo constancia de las peticiones que se le dirigían a través de la prensa».
El informe demoledor del Consejo Fiscal sobre la amnistía de Sánchez
El borrador del informe la AF considera que la amnistía de Sánchez quiebra la separación de poderes y vulnera el principio de igualdad ante la Ley.
Los vocales señalan que la amnistía incumple de los principios de seguridad jurídica e «implica una intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial».
La amnistía de Sánchez «Contraviene, pues, de modo frontal, el artículo 117.3 de la Constitución Española (CE) y, por ende, el principio de división de poderes, piedra angular de toda la arquitectura constitucional del Estado de Derecho».
«La CE no solo no reconoce expresamente la figura de la amnistía (…) por lo que la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el Parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional», zanja el informe.
Desmontan el argumentario de García Ortiz para negarse a colaborar con el Senado
Los fiscales ponentes destacan que «no podemos compartir los argumentos expuestos por el FGE en las comunicaciones remitidas al Presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril», en los que se basó para negarse a colaborar con el Senado.
Los vocales subrayan que «no resulta comprensible que uno de los argumentos por los que el FGE no haya atendido la petición de la Mesa del Senado sea que ‘la materia objeto de la proposición de ley no afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal’».
En ese sentido, el comunicado subraya las consecuencias que tendrá la amnistía «en caso de aprobarse, en el ámbito funcional del Ministerio Fiscal definido en los artículos 3 y 4 EOMF».
Respecto a los presuntos impedimentos legales referidos por García Ortiz para no emitir el informe, los fiscales recuerdan a Ortiz que «el art. 14.4.j) EOMF debe interpretarse de manera conjunta con el art. 10».
Esta afirmación significa que no existe tal impedimento y el consejo fiscal puede emitir informes «sobre una proposición de ley a solicitud de una de las cámaras legislativas que integran la Cortes Generales, con las que existe el deber de colaboración«.
