La entidad SAMU utiliza fondos públicos para adquirir cigarrillos que luego distribuye entre menores extranjeros no acompañados
La Fundación SAMU, una de las principales organizaciones no gubernamentales dedicadas a la gestión de centros de menores e inmigrantes en varias comunidades autónomas, figura como compradora directa de tabaco en una factura correspondiente a uno de sus recursos en la Península.
Así lo denuncia el usuario de la red social X Canario Today, que ha difundido el documento en el que la entidad adquiere diez paquetes de Winston Selection 100s por un importe total de 50 euros.
Según fuentes internas consultadas por La Gaceta, la operación no sería un hecho aislado. Un trabajador del centro acude habitualmente al estanco acompañado de varios menas y realiza la compra, para después distribuir los cigarrillos entre los residentes del recurso. La factura, emitida explícitamente a nombre de SAMU, indica que la transacción se realiza dentro de la operativa diaria del centro o, al menos, con pleno conocimiento de la organización.
Contra la legislación española
Esta práctica contraviene de manera clara la legislación española, que prohíbe expresamente la venta y el suministro de tabaco a menores de edad. En el caso de una entidad tutelar que recibe cuantiosos fondos públicos para proteger a estos jóvenes, el hecho adquiere especial gravedad, ya que implica un uso indebido de dinero de todos los contribuyentes para facilitar un hábito nocivo a personas bajo su custodia.
SAMU gestiona numerosos centros de menores e inmigrantes mediante contratos con distintas administraciones autonómicas y locales. Su actividad depende en gran medida de la financiación pública, lo que sitúa el foco en la posible mala gestión de esos recursos.
El caso de Quorum Social 77
El caso recuerda al destapado meses atrás en Canarias contra la ONG Quorum Social 77, también denunciada por comprar y distribuir tabaco entre menas en sus instalaciones. Ambas situaciones ponen de manifiesto un problema estructural en algunos centros del tercer sector: la falta de controles efectivos y la escasa transparencia en el día a día de la atención a los menores.
Hasta el momento, ni la Fundación SAMU ni las administraciones responsables han ofrecido explicaciones sobre estos hechos.
