Informes sobre el mandato de Pedro Sánchez: caída en índices de bienestar y seguridad femenina junto a avances legislativos y reconocimiento LGTBIQ+
El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una tensión política y social cada vez más palpable: mientras España escala posiciones en los ránquines que evalúan los derechos y protecciones del colectivo LGTBIQ+, especial en el ámbito trans, señales objetivas apuntan a un empeoramiento del bienestar y la seguridad de las mujeres, según datos y análisis recientes.
Durante los últimos años el país ha experimentado una mejora notable en materia de reconocimiento legal de las identidades trans —culminada con la llamada ley trans que impulsó el Ministerio de Igualdad—, lo que ha situado a España entre los primeros países europeos en el Rainbow Map de ILGA-Europe, con una puntuación que lo coloca en cabeza del continente.
Sin embargo, ese avance legislativo convive con un retroceso significativo en indicadores que miden la seguridad y el bienestar de las mujeres.
Mujeres, Paz y Seguridad
El Índice de Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown refleja una caída notable: España pasó del puesto 5 al 25 en el periodo analizado, un descenso que expertos asocian al aumento de las agresiones sexuales y a la percepción de una protección estatal menos efectiva.
Los datos oficiales citados por distintos observadores muestran un incremento alarmante en delitos como las violaciones, con cifras que se han multiplicado en pocos años, un hecho que ha encendido las alarmas de colectivos feministas y de sectores del propio PSOE.
Alianza contra el Borrado de las Mujeres
La contradicción política ha provocado fricciones internas y críticas públicas. Feministas clásicas y agrupaciones como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han denunciado que la aplicación de normas de autodeterminación de género genera conflictos prácticos en ámbitos como el penitenciario, el acceso a espacios segregados y procedimientos administrativos, y reclaman la revisión de protocolos y, en algunos casos, la derogación de normativa vigente (ámbito trans).
Por su parte, defensores de la ley trans y sectores progresistas argumentan que los derechos del colectivo LGTBIQ+ son una cuestión de derechos humanos y que avanzar en su protección no debe entenderse como incompatible con políticas efectivas para la seguridad de las mujeres.
En el plano gubernamental, la estrategia ha sido tratada como un ejercicio de equilibrio. El Ejecutivo del Sanchismo, que se declara feminista y ha introducido planes y leyes destinadas a la igualdad, ha priorizado en ocasiones medidas simbólicas y reformas normativas de gran calado en materia de identidad y no discriminación, mientras que la respuesta a problemas estructurales como la violencia sexual ha sido percibida por críticas como insuficiente o mal ejecutada… Casos como fallos en sistemas de protección a víctimas han alimentado esa percepción. A ello hay que sumar el habitual uso del pago por sexo que ejecutan miembros de las altas esferas del PSOE.
El PSOE perjudica seriamente a las mujeres
La imagen resultante es la de una “paradoja”: avance en reconocimiento y blindaje legal para el colectivo trans junto a un estancamiento o retroceso en indicadores materiales de protección para las mujeres.
La discusión política y social promete intensificarse en los próximos meses, con demandas internas en el PSOE para abordar contradicciones y con la sociedad civil exigiendo respuestas concretas que combinen la protección de derechos individuales con medidas efectivas de prevención y sanción de la violencia de género.
Mientras tanto, la comparación internacional sitúa a España en posiciones encontradas: referente por la ley trans y cuestionado por su deterioro en seguridad femenina, un espejo que exige del Gobierno políticas más integradas y coherentes para superar la aparente disyuntiva entre derechos y seguridad.
