La investigación sobre el rescate de Plus Ultra acaba de dar un giro todavía más delicado para el Gobierno. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado “aparentes incongruencias” en los informes oficiales utilizados para justificar la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la SEPI a la aerolínea.
Según el informe policial, la Dirección General de Aviación Civil certificó que Plus Ultra tenía una flota de cuatro aviones cuando la realidad operativa de la compañía ya era muy distinta. Los documentos analizados por la UDEF apuntan a que la aerolínea disponía realmente de menos aeronaves activas e incluso llegó a operar con un solo avión durante parte de 2021.
La diferencia no era un detalle menor. La dimensión de la flota resultaba clave para defender que Plus Ultra era una empresa estratégica para España y justificar así el rescate con dinero público.
La UDEF detecta contradicciones en los informes oficiales
El informe de la Dirección General de Aviación Civil, fechado el 18 de febrero de 2021 y firmado por su director general, Raúl Medina, aseguraba que Plus Ultra contaba con cuatro Airbus en su flota.
Concretamente, el documento hablaba de dos Airbus A340-300 y dos Airbus A340-600. Ese informe terminó incorporándose al expediente oficial que avaló el rescate aprobado posteriormente por el Gobierno.
Sin embargo, apenas unos días después comenzaron a aparecer discrepancias importantes. El 23 de febrero, Daiwa Corporate Advisory ya reflejaba que la compañía únicamente disponía de tres aviones operativos. Posteriormente, tanto Deloitte como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea coincidieron también en esa cifra inferior.
La UDEF considera especialmente relevante esta contradicción porque afecta directamente a la capacidad real de operación de la aerolínea y, por tanto, a la justificación técnica del rescate público.
Plus Ultra llegó a operar con un solo avión
Las dudas sobre la situación real de la compañía aumentan todavía más con las comunicaciones internas incorporadas a la investigación judicial.
Según la documentación analizada, en enero de 2021 directivos de Plus Ultra ya discutían sobre la devolución de uno de los Airbus A340-600 y sobre mantener únicamente durante 60 días el control comercial de otra aeronave una vez recibieran los fondos públicos.
Estos mensajes sugieren que parte de la flota incluida en los documentos oficiales ya estaba prácticamente fuera de explotación o en proceso de salida.
La situación se volvió todavía más llamativa meses después del rescate. Según los informes incorporados a la causa, Plus Ultra mantuvo durante parte de 2021 una estructura operativa “extremadamente reducida”.
En determinados momentos, la aerolínea llegó a operar con una sola aeronave activa, un dato que golpea directamente uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la ayuda pública.
El Gobierno defendió que era una empresa estratégica
El rescate de Plus Ultra siempre estuvo rodeado de polémica. El Gobierno defendió desde el primer momento que la aerolínea era estratégica para mantener las conexiones entre España y Latinoamérica.
Sin embargo, las investigaciones posteriores han ido cuestionando esa versión oficial. La compañía acumulaba nueve años consecutivos de pérdidas antes incluso de la pandemia y su cuota de mercado era mínima dentro del sector aéreo español.
Además, la investigación también ha señalado otros elementos delicados, como certificados relacionados con deudas aplazadas con la Seguridad Social y movimientos de dinero bajo sospecha.
La UDEF sostiene incluso que parte de los fondos del rescate habrían terminado desviándose a estructuras investigadas por posible blanqueo de capitales.
El perito judicial asegura que “las cuentas se maquillaron”
La presión sobre Plus Ultra aumentó todavía más tras la comparecencia en el Senado del perito judicial independiente Pedro Martín Molina.
El experto, que ya evaluó las cuentas de la aerolínea en 2021 por encargo judicial, afirmó de forma contundente que “las cuentas se maquillaron”.
Durante su intervención explicó que se utilizaron “cambios de criterios contables no admitidos” y señaló además movimientos de dinero hacia empresas y cuentas situadas en paraísos fiscales.
Estas declaraciones vuelven a colocar el rescate de Plus Ultra en el centro de la polémica política y judicial.
El rescate que sigue persiguiendo al Gobierno
La ayuda pública de 53 millones concedida a Plus Ultra se ha convertido en uno de los episodios más incómodos para el Ejecutivo desde la pandemia.
La investigación sigue avanzando mientras aparecen nuevas dudas sobre la información utilizada para aprobar el rescate y sobre la verdadera situación financiera y operativa de la compañía en aquel momento.
Ahora, la gran pregunta que vuelve a surgir es si una aerolínea que llegó a operar con un solo avión podía considerarse realmente estratégica para justificar semejante inyección de dinero público.
