Además perjudicar al consumidor interviniendo el mercado inmobiliario, la Ley de Vivienda criminaliza a los trabajadores del sector
Monserrat Junyent, presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) ha denunciado las consecuencias de la Ley de Vivienda aprobada por el gobierno de Sánchez. Una norma que, a su juicio, perjudica a todos los implicados, desde los consumidores, hasta a los trabajadores del sector, contra quienes ejerce un señalamiento.
Montserrat Junyent ejerce también como asesora jurídica del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (CGCOAPI) de España. En una entrevista recogida en Confilegal, Junyent, ha señalado que “La Ley de Vivienda representa un perjuicio tanto para los consumidores como para los profesionales inmobiliarios, para quienes representa una demonización injusta”, advirtió la directiva.
Una Ley de Vivienda electoralista
Junyent resaltó que “La nueva ley nació en un contexto electoralista tras un largo letargo”. “De forma precipitada, las fuerzas políticas desbloquearon su trámite y, lejos de fomentar el incremento de viviendas en el mercado, apuestan por medidas que, en su aplicación, reducirán la oferta, como ya pasara antes en Cataluña”, precisó.
La consecuencias de la propaganda relativa a la Ley fue que “la imagen que se proyecta de las empresas del sector inmobiliario es la de estar vinculadas a la especulación y posicionadas en la defensa de intereses espurios, cuando en realidad son garantía de un buen funcionamiento del mercado y un equilibrio en la defensa de los intereses de las partes”, destacó Junyent.
Profesionales del sector inmobiliario ‘indefensos y sin regulación’
“Nos consta que los legisladores querían un registro obligatorio de los agentes inmobiliarios, pero no ha llegado a plasmarse en la ley”, afirmó Junyent en alusión a que las intenciones de los legisladores no se sustanciaron en un marco regulatorio sólido.
En ese sentido, Monserrat Junyent recordó que “los poderes públicos deben garantizar a los ciudadanos que la adquisición o alquiler de una vivienda se produzca en un contexto de seguridad jurídica adecuado y nunca por debajo de la que tienen en la compra o el uso de cualesquiera otros bienes”.
Para FADEI, debe “garantizarse por ley que cualquier operador cuente con la necesaria formación, la tenencia de un seguro de responsabilidad civil y una garantía de caución, entre otros”.
“Un sector que busca su propia regulación es un sector que apuesta por mejorar la calidad de los servicios que presta, elevar el nivel formativo de las empresas y ofrecer una seguridad que garantice las entregas de dinero de terceros y que cubra cualquier error que pueda producirse en el contexto de cualquier operación inmobiliaria”, destacó la presidenta de FADEI.
La directiva de FADEI precisó que el sector está compuesto de “operadores privilegiados” que “perciben la situación del mercado, conocen de primera mano las inquietudes y necesidades de compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios”, concluyó Junyent.
