La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, autorizó el rescate pese a que el grupo Globalia mantenía una deuda cercana a 59 millones de euros con la Agencia Tributaria
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, aprobó el rescate de Air Europa pese a que su matriz, el grupo Globalia, mantenía una importante deuda con la Agencia Tributaria, cercana a los 59 millones de euros tal y como informa el medio El Debate. La operación está actualmente bajo investigación judicial por un presunto delito de prevaricación.
Requisitos del fondo de rescate y posible incumplimiento
El fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, creado en julio de 2020 durante la pandemia, establecía como condición obligatoria que las empresas beneficiarias estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales a fecha de 31 de diciembre de 2019.
Este requisito debía ser verificado previamente por la SEPI antes de elevar cualquier propuesta al Consejo de Ministros, como parte del control de acceso a ayudas públicas.
Sin embargo, según documentación y una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, Globalia acumulaba una deuda de 58.813.188,31 euros con Hacienda. Esta cifra ya figuraba en una sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2017, en la que se detallaba que solo una parte del importe había sido abonada.
Dudas sobre la situación fiscal de Globalia
El procedimiento judicial también refleja que la propia compañía reconocía dificultades para afrontar el pago total de la deuda sin comprometer su actividad empresarial.
A ello se suma otra resolución de la Audiencia Nacional de marzo de 2020 relacionada con el Impuesto sobre Sociedades, que indicaría que seguían existiendo litigios fiscales en fechas próximas a la aprobación del rescate.
Estos elementos refuerzan la hipótesis de que la empresa no habría regularizado completamente su situación fiscal antes de recibir la ayuda pública.
Investigación judicial por presunta prevaricación
La investigación se centra ahora en determinar si la SEPI verificó correctamente el cumplimiento de los requisitos legales o si autorizó el rescate pese a posibles impedimentos.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias e imputado por presunto delito de prevaricación al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, responsable del Consejo Gestor del fondo en el momento de la aprobación del rescate. El caso se encuentra en fase inicial.
Estructura del rescate a Air Europa y control europeo
El rescate de Air Europa se articuló mediante dos préstamos de 240 y 235 millones de euros, respectivamente. Esta división permitió mantener cada operación por debajo del umbral de 250 millones de euros, límite a partir del cual es obligatoria la notificación a la Comisión Europea.
De este modo, la operación evitó el control previo de Bruselas sobre el cumplimiento de las normas de ayudas de Estado.
Un caso con impacto político y económico
Este caso reabre el debate sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia y el nivel de control aplicado en el rescate de empresas estratégicas.
La investigación judicial determinará si existió un correcto cumplimiento de la normativa o si se aprobaron ayudas públicas en condiciones que podrían contravenir la ley.
