La UDEF denuncia la entrega de carpetas vacías y archivos inaccesibles sobre el seguimiento del préstamo millonario a la aerolínea
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) habría eliminado el rastro documental de sus comunicaciones y seguimientos sobre el rescate de Plus Ultra una vez que se inició una nueva fase de la investigación judicial en 2025, según revela un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso en exclusiva ABC.
Los agentes que registraron las dependencias relacionadas con el caso destacaron que los responsables de la empresa pública entregaron “carpetas vacías” correspondientes a los informes de seguimiento del rescate anteriores a 2025, junto a otros archivos digitales que resultaron imposibles de abrir o que carecían de contenido relevante. Esta actuación se produjo poco después de que la Audiencia Nacional ampliara las pesquisas sobre las irregularidades en la concesión de las ayudas públicas a la aerolínea.
El rescate de Plus Ultra, concedido en 2021 por un importe superior a los 50 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, siempre generó controversia. La compañía, de capital mayoritariamente latinoamericano y con escasa presencia en el mercado español, fue calificada como “estratégica” a pesar de los informes técnicos iniciales negativos que, según diversas comparecencias parlamentarias, no fueron debidamente tenidos en cuenta.
Destrucción selectiva de documentación
La UDEF investiga ahora si existió una destrucción selectiva de documentación para ocultar posibles irregularidades en el control y seguimiento del préstamo. Fuentes policiales consultadas por este periódico señalan que la ausencia de estos registros dificulta determinar si la SEPI ejerció una supervisión real sobre el destino de los fondos públicos o si, por el contrario, se limitó a un control formal.
Este nuevo hallazgo se enmarca en la macroinvestigación que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría mantenido estrechas relaciones con los directivos de Plus Ultra y con el entramado de empresas y despachos vinculados a la operación. La Policía ya ha incautado numerosos documentos en registros previos que apuntan a una posible trama de favores y opacidad en la gestión de las ayudas.
La oposición ha exigido responsabilidades políticas inmediatas. Desde el Partido Popular se reclama la comparecencia urgente de los responsables de la SEPI en sede parlamentaria y se acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber protegido durante años esta operación. “No solo se rescató a una empresa que no cumplía los requisitos, sino que ahora se destruye evidencia para tapar las irregularidades”, han señalado fuentes populares.
Frentes del caso Plus Ultra
Por su parte, fuentes de la SEPI consultadas por ABC niegan cualquier destrucción irregular de documentos y aseguran que toda la documentación requerida por los jueces ha sido facilitada dentro de los plazos legales. Sin embargo, los informes policiales contradicen esta versión y apuntan a una actuación coordinada tras el comienzo de las diligencias judiciales.
El caso Plus Ultra acumula ya múltiples frentes: opacidad en la justificación de la ayuda, falta de devolución del principal del préstamo y ahora la posible destrucción de pruebas. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación bajo secreto de sumario, mientras la opinión pública sigue con atención un escándalo que pone en duda la gestión de fondos públicos durante la pandemia.
