El juicio en el Supremo destapa cómo el entorno de Koldo García consiguió reuniones en Industria y contratos de mascarillas en Interior durante la pandemia
El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por la trama de corrupción vinculada al caso Koldo ha dejado este martes al descubierto cómo la red de influencias penetró en dos ministerios clave del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.
El primero en declarar fue Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de Gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto. Admitió haber organizado en diciembre de 2020 una reunión con empresarios cercanos a la trama —entre ellos Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, y la empresaria Carmen Pano— a petición expresa de Koldo García, mano derecha de Ábalos. El objetivo era conseguir una licencia de comercialización de hidrocarburos.
Díaz Bidart reconoció que Industria no era competente en el asunto y que remitió a los visitantes al Ministerio de Transición Ecológica, pero no recordó si informó de la cita a su jefa: “En el Gabinete hacemos cribado de las reuniones. Ahora mismo no recuerdo si le transmití esto o no”, declaró ante el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Soluciones de Gestión
En paralelo, Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad y número dos de Fernando Grande-Marlaska en Interior, defendió la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama. Justificó la operación por la “necesidad acuciante” de material sanitario en 2020, cuando “no había un mercado”. Aseguró que el contrato se ajustó a la legalidad y que no recibió indicaciones políticas directas para adjudicarlo.
Salvoconductos a Aldama a petición de Koldo
Por su parte, Ana María Aranda, ex secretaria de Ábalos (y actual secretaria del ministro Óscar Puente), ratificó que gestionó salvoconductos para Víctor de Aldama a petición de Koldo García y que organizó 13 viajes oficiales de la novia del exministro, Jésica Rodríguez, aunque insistió en que esos desplazamientos se pagaron con fondos privados y nunca con dinero público.
La última testigo, María Piedad Losada, ex empleada de Aldama, se acogió en varias ocasiones a su derecho a no declarar, especialmente sobre la redacción de contratos para supuestas propiedades destinadas a Ábalos.
Las declaraciones refuerzan la tesis de la Fiscalía de que la trama de Ábalos y Koldo no se limitó al Ministerio de Transportes, sino que consiguió extender sus tentáculos a otros departamentos del Gobierno en plena crisis sanitaria. El proceso continúa.
