El terminal intervenido a Vicente Fernández Guerrero estaba vacío de mensajes o mails, pero el de la ‘fontanera’, Leire Díez, contiene chats fundamentales para la investigación
El expresidente de la SEPI hace otro «García Ortiz» con su móvil. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constató que Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), eliminó el contenido de su teléfono móvil antes de que lo detuvieran en el marco de la causa que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Fuentes de la investigación confirmaron a The Objective que el dispositivo intervenido no contenía mensajes, correos electrónicos ni registros de mensajería instantánea, un hecho que sorprendió a los agentes y abrió nuevas sospechas. El borrado deliberado del teléfono de Fernández Guerrero no se debió a un fallo accidental ni a una pérdida fortuita de datos, sino que presentó indicios de una eliminación deliberada y sistemática, ejecutada en un momento muy próximo a su arresto.
Fuentes conocedoras del análisis técnico explicaron al citado medio que esta acción genera una nueva línea de investigación por posible obstrucción a la justicia, sin perjuicio de los delitos principales que ya se persiguen: malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y fraude.
Leire Díez no borró su dispositivo
Los investigadores interpretaron el vaciado del móvil como una señal de que Fernández Guerrero era plenamente consciente de la gravedad de la investigación y de su posible detención. Aun así, fuentes judiciales destacaron que la ausencia de mensajes no impide avanzar en la causa, porque la UCO dispone de otros elementos probatorios: registros, documentación incautada, testimonios y análisis patrimoniales.
Esta circunstancia contrasta con lo que ocurrió en el caso de Leire Díez, exdirectiva de Correos y también detenida en la operación. Los investigadores localizaron en su móvil conversaciones y comunicaciones de interés, algunas consideradas clave para reconstruir el funcionamiento de la presunta trama que actuó durante años en torno a la SEPI, empresas públicas y grandes compañías privadas, incluidas firmas del Ibex 35.
El contraste entre ambos teléfonos refuerza la hipótesis de una red de intermediación que influyó en operaciones de rescates, adjudicaciones y ventas de patrimonio público e inmuebles del Estado.
La ‘SEPI paralela’ del ex mano derecha de Montero
Fernández Guerrero asumió la presidencia de la SEPI en junio de 2018 a propuesta del Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por María Jesús Montero, y dimitió en octubre de 2019 tras la reapertura del caso Aznalcóllar. Sin embargo, mantuvo una influencia decisiva en el organismo durante casi 600 días, actuando de facto como presidente en la sombra y participando en decisiones estratégicas desde un despacho alquilado en la calle Diego de León 36 de Madrid.
Los investigadores califican como sede paralela de la SEPI, porque en ese lugar se celebraron reuniones con empresarios a los que se reclamaron comisiones bajo el pretexto de desactivar una supuesta amenaza para la seguridad nacional.
