La Guardia Civil considera concluyentes las pruebas contra el ministro en el marco del ‘caso Koldo’ por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares de mascarillas en Canarias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene los indicios de presuntos delitos «atados» contra el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Según fuentes cercanas a la investigación, el informe con las nuevas evidencias ya está redactado y solo falta su entrega al juez instructor. Lo ha confirmado en exclusiva La Razón.
Aunque Torres aún no ha sido citado como investigado ante el Tribunal Supremo —solo declaró como testigo por escrito—, los agentes consideran que existen conversaciones, cronología y pruebas suficientes que lo vinculan a la trama de las mascarillas.
El foco se centra en su etapa como presidente del Gobierno de Canarias, cuando el Ejecutivo autonómico adjudicó un contrato de emergencia a Soluciones de Gestión, empresa clave en la red investigada, por 12,3 millones de euros para el suministro de cinco millones de mascarillas.
«Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago… ya está validado el material», le escribió Koldo García a Torres, según mensajes interceptados. Olivera era entonces viceconsejero de Presidencia canario. La UCO también ha documentado una reunión entre Torres, Víctor de Aldama y presuntamente Koldo en julio de 2020 para tratar los pagos pendientes.
Se declara inocente
El ministro siempre ha defendido su inocencia. «No di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor», insistió ante el Supremo. Asegura que su relación con Koldo se limitaba a gestiones como asesor del Ministerio de Transportes y que las auditorías internas no detectaron irregularidades.
Sin embargo, las investigaciones apuntan a una relación de mayor confianza. Mensajes como «por dios si lo consigues me dejo violar por ti» (enviado por Koldo) evidencian proximidad entre ambos. Además, Aldama declaró judicialmente que Torres «debería estar bastante preocupado» y que estaba obsesionado con entrar en el Gobierno central.
Torres y Aldama
La UCO también sitúa a Torres en contacto directo con Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, y lo vincula a presiones para favorecer a Plus Ultra en el transporte del material sanitario.
Este nuevo avance judicial agrava la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, inmerso en múltiples frentes por casos de corrupción. El informe final de la UCO podría ser determinante para que el Supremo decida si imputa formalmente al ministro socialista.
