Pacto para endurecer la política de retornos y permitir la externalización de la gestión migratoria fuera de las fronteras comunitarias
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo histórico sobre la política de retornos de la Unión Europea que endurecerá significativamente las condiciones para aquellos inmigrantes a quienes se les deniegue la petición de asilo. La principal novedad de la normativa es el aval a la externalización de centros de deportación a territorios extracomunitarios, consolidando un marco normativo inspirado en el modelo bilateral acordado recientemente entre Italia y Albania.
El acuerdo llega tras superar las discrepancias sobre el calendario de implementación. Mientras la Eurocámara pretendía acelerar el proceso al próximo mes de enero, los Veintisiete solicitaban un año de margen. Finalmente, la mayoría de las disposiciones entrarán en vigor en un plazo de doce meses, pero la validación legal de estos centros en terceros países y el incremento del apoyo a Frontex se aplicarán de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Obligaciones de los solicitantes de asilo
La directiva endurece las obligaciones de los solicitantes de asilo, quienes estarán obligados por ley a cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión si su petición es rechazada. En caso de no colaborar o si se detecta riesgo de fuga, la norma contempla periodos de detención de hasta 24 meses. Esta medida cautelar se aplicará también a familias con niños y a menores no acompañados bajo la premisa de «último recurso», aunque la externalización de centros estará prohibida para los menores sin acompañante.
La reforma sobre los inmigrantes ha suscitado duras críticas de organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que denuncia «peligrosos vacíos legales» y la ausencia de salvaguardias suficientes para evitar detenciones ilegales y la violación de los derechos humanos en suelo extracomunitario.
