La Justicia considera insuficientes las medidas españolas y abre la puerta a la conversión en fijos o indemnizaciones mayores para cientos de miles de interinos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado hoy que las compensaciones previstas en la legislación de España por el encadenamiento abusivo de contratos temporales en la Administración Pública son insuficientes y no sancionan adecuadamente la vulneración del Derecho comunitario.
En una resolución emitida este martes, el TJUE responde a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo español y rechaza expresamente varias medidas adoptadas por España: la transformación de contratos en indefinidos no fijos, el pago de indemnizaciones al extinguirse la relación laboral, el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones y los procesos de estabilización que valoran la experiencia previa. “No parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”, afirma la sentencia.
El caso concreto se refiere a una trabajadora de la Comunidad de Madrid que, desde marzo de 2016, encadenó seis contratos temporales como cuidadora en un centro educativo público.
Estabilidad en el empleo
Aunque la justicia española la declaró indefinida no fija —con derecho a permanecer hasta un proceso selectivo y a recibir indemnización—, el TJUE considera que esta figura no garantiza la estabilidad en el empleo, “componente primordial de la protección de los trabajadores” según el Acuerdo Marco europeo.
La decisión afecta a más de medio millón de empleados públicos, principalmente interinos y temporales de administraciones autonómicas y locales. Según los datos manejados, uno de cada tres trabajadores públicos (32 %) se encuentra en situación de temporalidad, un problema agravado por los recortes presupuestarios tras la crisis financiera de 2008.
Reformas insufientes
La sentencia llega en un momento delicado para el Gobierno. El TJUE ya había advertido de que las reformas incluidas en el plan de recuperación no eran suficientes, lo que llevó a la Comisión Europea a reclamar la devolución de 626 millones de euros correspondientes al quinto pago de los fondos NextGenerationEU.
Ahora, el Supremo deberá decidir si las medidas actuales cumplen el Derecho europeo, pero la doctrina comunitaria apunta claramente hacia sanciones más efectivas, como la fijeza automática o indemnizaciones sustancialmente superiores.
Miles de trabajadores ya han iniciado o planean acciones judiciales. El fallo obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia legal y presupuestaria para evitar nuevas pérdidas de fondos europeos y poner fin a una precariedad que se prolonga desde hace décadas.
