El ‘caso Negreira’ y el informe Pelícano 2.0 ponen en el foco la obligación de informar sobre posibles influencias en resultados deportivos
La UEFA no ha aclarado si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha cumplido con los estrictos requisitos del Anexo H del Artículo 4 de su reglamento de competiciones de clubes, necesario para autorizar la participación del FC Barcelona en la próxima edición de la UEFA Champions League. El futuro del Barça, en el aire.
Según la normativa, tanto el club como su federación nacional deben confirmar anualmente que el equipo no ha estado involucrado, directa o indirectamente, en ninguna actividad destinada a influir en el resultado de un partido o competición desde marzo de 2016. En caso de no poder realizar esa confirmación, deben aportar toda la información relevante disponible. Además, existe la obligación de notificar cualquier cambio en un plazo máximo de 14 días laborables.
Este extremo cobra especial relevancia en el marco del ‘caso Negreira’. La justicia española ya ha determinado que el Barça pagó 8,4 millones de euros entre 1994 y 2018 a José Enrique Pérez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por supuestos servicios de asesoría.
Informe Pelícano 2.0
El proceso judicial continúa para esclarecer si existió corrupción deportiva. El informe anónimo Pelícano 2.0, que investiga la UEFA desde diciembre de 2025 y que también analiza la FIFA, incluye documentación de la Agencia Tributaria y la Policía Judicial que apunta a un esquema sistémico y no aislado.
The Objctive contactó con ambos organismos. La RFEF no respondió, mientras que fuentes oficiales de la UEFA se limitaron a señalar que “no tienen comentarios sobre este tema en este momento”. La RFEF se personó como acusación particular en la causa penal en marzo de 2023, lo que refuerza su rol central en la verificación exigida por la UEFA.
Silencio de tolerancia cero de la UEFA
El incumplimiento podría dejar al Barcelona fuera de la Champions, permitiendo la entrada del siguiente clasificado (posiblemente Celta, Getafe, Real Sociedad o Athletic Club). La UEFA ya aplicó en el pasado esta “tolerancia cero”, como en el caso del Besiktas turco en 2013, sancionado por sospechas de amaño incluso sin sentencia firme. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) estableció entonces que basta con la existencia de un intento de influencia, sin necesidad de que se consumara ni fuera el objetivo principal.
Este silencio de la UEFA mantiene la incertidumbre sobre la elegibilidad del Barça, mientras el caso sigue generando debate en el fútbol español y europeo. La próxima temporada de Champions podría comenzar con un interrogante abierto sobre uno de sus históricos participantes.
