La institución académica se persona como actor civil en el ‘caso Begoña’ y reclama el dinero invertido en el desarrollo de una herramienta digital
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dado un paso significativo en el marco del conocido como ‘caso Begoña’. En su escrito de conclusiones provisionales, presentado el pasado 13 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la institución solicita que Begoña Gómez devuelva 113.509,32 euros por la supuesta apropiación indebida de un software desarrollado con fondos públicos de la universidad.
El programa informático, adscrito a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió hasta 2024, estaba diseñado para asesorar a pequeñas y medianas empresas (pymes) en materia de sostenibilidad. La herramienta generaba informes automáticos sobre el cumplimiento de parámetros de desarrollo sostenible, documentos que las empresas podían utilizar para captar financiación pública o privada.
Según el escrito de la UCM que recoge El Español, parte de ese software acabó en una web propiedad de una empresa vinculada a Begoña Gómez, donde se ofrecía de forma gratuita una herramienta muy similar. La universidad cifra el perjuicio en más de 113.000 euros, que incluyen los 78.000 euros pagados a la consultora Deloitte a través de dos contratos, así como los costes de personal técnico y administrativo implicado en el proyecto.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había detectado graves irregularidades en la contratación. Según el informe de la Benemérita, las licitaciones se «amoldaron» a las condiciones predefinidas por Deloitte, incumpliendo la normativa de contratación pública. La UCO concluyó que se trató de adjudicaciones premeditadas.
Contexto judicial
Este reclamo económico se enmarca en la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado, quien propuso en abril juzgar a Begoña Gómez por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y malversación de caudales públicos. La decisión final sobre si se celebra el juicio corresponde ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si la causa va a jurado popular.
La Complutense, personada como actor civil, no solo reclama la cantidad sino que también solicita la comparecencia como testigos de varios altos cargos de la universidad, entre ellos la interventora general y la gerente de la Escuela de Gobierno.
Este nuevo episodio añade presión sobre el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un caso que ha generado gran polémica política y mediática desde su estallido. La UCM, una de las universidades públicas más importantes de España, marca distancias con quien fuera colaboradora en una de sus cátedras y busca recuperar unos fondos que, según su criterio, fueron desviados indebidamente.
