La persona implicada está envuelta en procesos penales en Alicante por violencia de género y quebrantar una orden de alejamiento
El acusado ha recurrido a la ley trans alegado el cambio de sexo como defensa en la causa que se sigue contra él por quebrantar una orden de alejamiento contra la madre de su hijo. La persona también se enfrenta a otros procesos por violencia de género en los que la presunta víctima es la misma mujer, su expareja.
El Fiscal delegado de Violencia de Género de Alicante ha preguntado a la Fiscalía del Supremo qué hacer en este proceso y en el resto de las causas que tiene abiertas por hechos similares. El Fiscal ha estimado conveniente plantear una consulta a su homólogo del Supremo antes de presentar la acusación correspondiente, habida cuenta de que el acusado alegó que, tras el cambio de sexo, no puede ser acusado por nada relacionado con violencia de género.
Según apunta el diario ‘Levante’, parece improbable que el cambio de sexo sirva para modificar la acusación pública para dejar de establecerlo como violencia de género, como pide el acusado, porque los presuntos delitos se cometieron cuando aún se definía como hombre.
Las dudas que deben aclararse para que prospere, o no, la alegación son relativas a si las infracciones se prolongaron en el tiempo cuando ya se había cambiado legalmente el sexo.
El gobierno desoyó las advertencias del CGPJ sobre la ‘ley trans’
Este caso de Alicante ha servido para ilustrar la principal objeción que los colectivos feministas plantearon durante la tramitación de la “Ley Trans”: que esta iniciativa legislativa podría utilizarse para eludir la responsabilidad penal por violencia de género.
El Consejo General del Poder Judicial advirtió en su momento que la norma impulsada por Irene Montero contiene medidas como la posibilidad de cambiar de sexo sin contar con informes médicos o psicológicos. Además, los interesados en modificar su sexo registral deberán solicitarlo en el Registro Civil correspondiente, manifestando únicamente su voluntad de cambiar de sexo. La ley tampoco impone limitación a los cambios, y el sexo podrá modificarse cuantas veces se desee.
Esa consagración de Montero de una supuesta “autodeterminación de género” ilimitada alertó al órgano de los jueces, que remitió un informe al Gobierno de Sánchez avisando de las consecuencias que para el “orden público” de la medida.
Según el CGPJ, los cambios de sexo “sin sujeción a condición alguna” y “de forma ilimitada”, afecta “al principio de orden público y a la estabilidad del estado civil de las personas”, que está “estrechamente uncida a la seguridad jurídica, como principio constitucionalmente protegido”.
Una ley creada desde el analfabetismo jurídico y el sectarismo ideológico
El interés de Irene Montero en que su ley trans impregne todos los ámbitos de la sociedad ha servido para facilitar el uso indebido de la misma. Con el conocimiento jurídico de unas adolescentes, y el único foco de interés en expresar sus filias y fobias personales e ideológicas, el engendro resultante tuvo el beneplácito del PSOE y el resto de socios del gobierno, indiferentes a los informes técnicos que advertían sobre su contenido y las consecuencias de su aplicación.
La ley trans no ha parado de generar caos desde su aplicación en todos los niveles: administrativo, judicial o penitenciario, entre otros. El pasado jueves, el mismo ministerio del Interior reconoció que carece de un “registro específico” de los presos varones que están solicitando el cambio de sexo para disfrutar de mejores condiciones penitenciarias en módulos de mujeres.
El descontrol de una ley planteada desde el analfabetismo jurídico ha llevado a situaciones que parecían circunscritas a las narco dictaduras referentes de Sánchez y Podemos: políticos izquierdistas legislan de forma incompetente, generan un desastre social al aplicarse sus normas pero, en vez de asumir responsabilidades, atacan a los jueces que aplican las leyes que ellos mismos crearon.
Esta situación chavista de acoso permanente al poder judicial ha sido denunciada esta semana en una misiva remitida a la UE por los vocales conservadores del CGPJ. Los juristas adoptaron esa decisión, habida cuenta de que el CGPJ había aportado a Bruselas información susceptible de interpretarse como que los ataques a los jueces del Gobierno y Podemos fueron hechos puntuales, cuando en realidad son sistemáticos y continuados.
