En plena crisis de sobres con ‘chistorras’, el PSOE activa su maquinaria para procesar a ciudadanos corrientes por una piñata festiva que tachan de ‘amenaza contra la democracia’
Igual que con los ciudadanos de Paiporta que ahuyentaron a escobazos la comitiva presidencial, el PSOE convierte un muñeco de papel maché en cuestión de Estado ante el abismo judicial que se abre ante Sánchez, su familia y su partido.
Seis personas investigadas por un presunto delito de amenazas contra el marido de Begoña, Pedro Sánchez, declararán este jueves a las 12:00 horas ante el Juzgado de Instrucción nº26 de Madrid.
Se les atribuyen los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2023, cuando un grupo de manifestantes colgó y apaleó un muñeco que representaba al jefe del Ejecutivo frente a la sede central del PSOE en la calle Ferraz, reciente noticia por su doble uso de reparto de sobres con «chistorras», «lechugas» y «soles».
El PSOE, contra los ciudadanos corrientes que apalearon un muñeco de Sánchez
La magistrada titular del juzgado decidió imputar a los seis investigados el pasado 23 de septiembre, después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir la causa. El tribunal consideró que el archivo inicial, que dictó la juez en febrero, fue “precipitado” y que existían indicios de amenazas graves. La denuncia la presentó el propio PSOE tras la difusión de las imágenes del linchamiento simbólico.
La Audiencia: “El muñeco representaba con evidencia al presidente”
La Audiencia Provincial argumentó que las imágenes —en las que el muñeco era colgado de una soga, golpeado con palos y acompañado de cánticos como “¡A por Sánchez!” o “¡Hay que quemar Ferraz!”— configuraban “un cuadro intimidante de suficiente intensidad” para ser investigado como un delito de amenazas graves.
Los magistrados destacaron que la puesta en escena tenía un componente de “violencia simbólica” dirigido claramente al presidente. Sin embargo, el tribunal coincidió parcialmente con la juez en que los hechos no constituían injurias graves ni delito de odio, al no ir dirigidos contra un grupo específico ni contra el Gobierno como institución, sino de forma personal contra Sánchez y el PSOE.
“Los insultos como ‘hijo de puta’ o ‘psicópata’ carecen por sí mismos de aptitud para lesionar significativamente la dignidad del destinatario”, precisó la resolución.
La juez decidirá el futuro de la causa tras las declaraciones
La instructora ha reabierto el procedimiento únicamente para aclarar “la naturaleza del hecho presuntamente delictivo”, comenzando por la toma de declaración de los seis investigados. Tras escuchar sus versiones, explica La Razón, deberá decidir si archiva definitivamente el caso o si continúa la investigación penal.
La comparecencia se produce en un clima político tenso, con el PSOE insistiendo en que el linchamiento simbólico fue “una amenaza intolerable contra la democracia”, mientras los acusados sostienen que se trató de una “protesta satírica” amparada por la libertad de expresión.
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