La Comunidad envía carta al delegado del Gobierno y acusa a Moncloa de usar a los menores como “moneda de cambio” político
La Comunidad de Madrid ha dado un ultimátum al Ejecutivo de Pedro Sánchez. A través de una carta remitida al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, exige la repatriación inmediata de 86 menas con perfiles especialmente conflictivos y advierte que, si no se actúa, tomará “todas las medidas necesarias”, incluidas acciones judiciales.
Según el escrito, estos 86 jóvenes han sido seleccionados por la Comisión de Protección de Menores tras detectar “circunstancias especialmente graves”: alteraciones graves de conducta, consumo de drogas, alta conflictividad y, en algunos casos, deriva delictiva. “No se han adaptado a España y su permanencia compromete la convivencia en los centros, la seguridad de los trabajadores y el futuro del resto de menores que sí se han integrado”, señala la consejera.
Dávila reprocha al Gobierno de Sánchez su “negativa sistemática” a tramitar la reagrupación familiar, amparándose en el “interés superior del menor” sin valorar el daño que causan a los demás.
Dejación de funciones
Recuerda que en diciembre el propio delegado aseguró haber solicitado informes a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, pero “meses después los expedientes siguen sin resolverse”. “Esto no es incompetencia, es dejación de funciones”, afirma.
La Comunidad subraya que la ley obliga a priorizar la reunificación familiar cuando sea posible y que corresponde a la Delegación del Gobierno tramitar esos procedimientos. “No vamos a permanecer inmóviles”, avisa Dávila, quien señala directamente al delegado, a los ministros competentes y al propio presidente Sánchez como responsables de las consecuencias.
Inacción del Ejecutivo
La misiva llega en medio de un creciente enfrentamiento entre ambas administraciones por la gestión de la inmigración irregular. Fuentes regionales advierten de que la inacción del Ejecutivo está poniendo en riesgo la protección real de los menores y la seguridad ciudadana. El Gobierno central aún no ha respondido públicamente a la carta.
Con esta medida, la Comunidad de Madrid eleva el tono y pone sobre la mesa la posibilidad de llevar el caso a los tribunales si en las próximas semanas no se inicia el proceso de repatriación de estos 86 menores conflictivos.
