La nueva ley de la Comunidad moderniza la actividad y penaliza a los activistas que obstaculicen cotos, monterías o controles de población
Se acabó la impunidad de los activistas anticaza radicales. La aprobación de la reciente Ley de Caza y Pesca en Madrid señala un cambio significativo en la regulación de la actividad cinegética en la Comunidad, que seguía una normativa estatal de medio siglo de antigüedad. Entre las numerosas modificaciones que presenta la nueva ley, uno de los aspectos fundamentales para el sector es el endurecimiento de sanciones contra quienes sabotean la caza.
Desde el comienzo de la deriva más violenta del activismo izquierdista, la aparición de grupos en contra de la actividad cinegética en entornos naturales ha ocasionado conflictos en diversas zonas de España. Entre las actividades de los radicales figuran interrupciones de monterías, alteraciones de batidas o daños en la de señalización de seguridad sin importar el peligro que genera a cazadores, no cazadores y a gente que pase por la zona atacada.
Obstaculizar una cacería ya se considera una infracción grave
La nueva ley de Madrid introduce, por primera vez, un marco específico para sancionar este tipo de conductas, siguiendo el modelo de otras regiones de España donde ya existen penalizaciones.
El texto legal señala como infracción grave impedir u obstaculizar el adecuado desarrollo de una modalidad o acción de caza, así como de controles poblacionales autorizados. Esta definición incluye desde la detención directa de una batida hasta cualquier gesto que impida su realización, abarcando actitudes que, sin recurrir a la violencia, afecten la normalidad del proceso.
Dado que se trata de una infracción grave, las multas contempladas oscilan entre 1.000 y 10.000 euros, según el régimen de sanciones establecido en la ley. Si el infractor posee licencia de caza, la norma también prevé la posibilidad de revocar dicha licencia y descalificar para obtenerla durante un periodo de hasta tres años.
Activistas anticaza sabotean señales cinegéticas poniendo en riesgo la vida de las personas
Otra de las situaciones que la legislación aborda específicamente es la manipulación o destrucción de la señalización cinegética: Cuando se sabotean, pueden generar situaciones peligrosas tanto para los cazadores como para los transeúntes de la zona.
Este aspecto resulta especialmente importante, ya que la señalización define los límites de los terrenos de caza y desempeña una función vital en términos de seguridad, alertando a otras personas sobre la realización de batidas o monterías.
El texto considera como infracción grave destruir, dañar o modificar la señalización permanente de los terrenos estipulados en la ley o la señalización temporal de las actividades cinegéticas necesarias, así como cualquier otra instalación destinada a la protección o promoción de la caza que se haya instalado con autorización.
También obliga a los no cazadores
Además, la normativa incluye una regla que también impacta a las personas que no cazan, pues constituye una infracción transitar con perros, cuando no se esté cazando, a menos que estén bajo control de su dueño. Esta medida busca mitigar las molestias hacia la fauna y asegurar el desarrollo adecuado de las actividades de caza autorizadas.
El régimen de sanciones de la nueva normativa establece un sistema escalonado basado en la gravedad de la infracción. Para las infracciones graves —tales como boicot a una cacería, sabotaje de la señalización o apropiación de trofeos de significativo valor—, las multas pueden llegar hasta los 10.000 euros, comenzando desde un mínimo de 1.000,01 euros.
