María Jesús Montero llegó a la campaña andaluza intentando vender experiencia de gestión y solvencia económica. Pero cada día que pasa aparece una nueva sombra sobre su etapa en el Ministerio de Hacienda. Y el problema para la candidata socialista es que las explosiones ya no vienen solo de la oposición política, sino también de investigaciones judiciales, informes de la Guardia Civil y declaraciones en el Tribunal Supremo.
Lo que debía ser su gran regreso a Andalucía se está convirtiendo en una campaña plagada de escándalos, sospechas y nombres muy incómodos.
La trama que salpica a sus hombres de máxima confianza
El epicentro del problema está en varios antiguos colaboradores que Montero colocó en puestos clave cuando aterrizó en Madrid.
Uno de ellos es Antonio Miguel Cervera, histórico hombre de confianza de la dirigente socialista desde su etapa en la Junta de Andalucía. Montero lo elevó hasta Sepides, filial estratégica de la SEPI, donde ahora aparece vinculado indirectamente a una de las declaraciones más explosivas del caso Koldo.
Víctor de Aldama aseguró en el Supremo que una gran operación inmobiliaria vinculada a la SEPI quedó bloqueada porque “Begoña Gómez quería el inmueble”.
Según su versión, la operación se frenó tras conversaciones con el entorno de Hacienda y de Moncloa.
La bomba política no tardó en estallar.
La Guardia Civil prepara un informe que inquieta al PSOE
El nombre de Vicente Fernández, otro de los hombres promovidos por Montero dentro de la SEPI, también aparece en el foco de la investigación.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil prepara un informe que podría convertirse en uno de los mayores problemas de la campaña socialista andaluza.
Las investigaciones apuntan a una supuesta red de influencias y adjudicaciones vinculadas a ayudas públicas y rescates empresariales concedidos desde la SEPI entre 2021 y 2023.
Y varios de los nombres investigados forman parte del núcleo de confianza que Montero construyó durante años.
Aldama lanza una acusación todavía más grave
Pero la situación dio otro salto cuando Aldama implicó directamente a María Jesús Montero en un supuesto trato de favor fiscal.
El empresario aseguró que la entonces ministra habría dado instrucciones para facilitar ayuda tributaria a una de sus empresas a través de altos cargos de Hacienda.
La acusación es extremadamente delicada porque afecta directamente al uso de la Agencia Tributaria.
Y aunque Montero respondió desacreditando a Aldama y recordando sus problemas judiciales, de momento no ha presentado ninguna querella pública contra él.
Ese silencio empieza a alimentar todavía más la polémica.
El desvío de fondos europeos vuelve a perseguirla
Por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas también ha vuelto a colocar bajo sospecha una de las decisiones más polémicas tomadas durante su etapa en Hacienda.
El organismo fiscalizador cuestionó el uso de más de 2.300 millones de euros procedentes de fondos europeos para financiar pensiones y gasto corriente.
Una práctica que la oposición ya describe como “ingeniería financiera” y que incluso ha terminado en denuncias ante el Tribunal Supremo.
El asunto amenaza con convertirse en otro agujero político en plena recta final de campaña.
Montero intenta aislarse mientras crece la presión
La candidata socialista intenta centrar el debate en la gestión sanitaria y en el desgaste del Gobierno andaluz del PP.
Pero cada jornada aparecen nuevos titulares relacionados con investigaciones, declaraciones judiciales o informes policiales vinculados a su pasado en Madrid.
Y eso está dificultando enormemente que la campaña gire hacia los temas que interesan al PSOE andaluz.
La sensación dentro del partido empieza a ser incómoda: cada vez que Montero intenta hablar de Andalucía, la actualidad nacional vuelve a perseguirla.
El detalle político que más preocupa al PSOE
Hay otro elemento que empieza a generar nerviosismo interno.
María Jesús Montero mantiene todavía su acta como diputada en el Congreso, algo que le permite conservar el aforamiento ante el Tribunal Supremo mientras dura la campaña.
Oficialmente sostiene que lo hace para no perder su plaza en el Servicio Andaluz de Salud.
Pero la oposición ya utiliza ese movimiento como munición política para insinuar que busca blindarse judicialmente mientras avanzan las investigaciones.
