El gobierno reconoce que el coste asociado supera los 24 millones de euros
El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha reconocido que más de 1,2 millones de inmigrantes en situación irregular tienen acceso al sistema sanitario público en España. En concreto, la memoria económica del Real Decreto 180/2026 cifra en 1.224.576 las personas registradas, un dato clave para estimar el impacto económico de la medida.
Según el documento oficial, el coste anual asociado a la atención sanitaria de este colectivo asciende a 24,3 millones de euros. Esta cifra se ha dado a conocer en un contexto marcado por la tramitación de una de las mayores regularizaciones extraordinarias de inmigrantes de las últimas décadas.
Nuevo decreto para regular el acceso sanitario de inmigrantes ilegales
El Real Decreto 180/2026, aprobado por el Consejo de Ministros, establece el procedimiento administrativo que permite a los inmigrantes sin papeles acceder a la sanidad pública. Además, introduce un sistema de registro unificado en todo el territorio nacional.
Uno de los aspectos más destacados es que la cifra de más de 1,2 millones de beneficiarios no figuraba en fases iniciales del proyecto, sino que se incorporó en la parte final de la memoria económica, lo que refleja un aumento progresivo del volumen reconocido oficialmente.
Regularización de inmigrantes en 2026: requisitos y cifras
Este reconocimiento coincide con el plan de regularización impulsado por el Ejecutivo, que permitirá solicitar permisos de residencia y trabajo entre abril y el 30 de junio de 2026.
Para acogerse a esta medida, los inmigrantes deberán cumplir varios requisitos:
- Haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026
- Acreditar al menos cinco meses de estancia en el país
- No tener antecedentes penales
Inicialmente, el Gobierno estimó que unos 500.000 inmigrantes podrían beneficiarse de este proceso de regularización.
Debate político sobre inmigración ilegal y sanidad pública
La diferencia entre el número de inmigrantes registrados en el sistema sanitario (más de un millón) y los potenciales beneficiarios de la regularización (medio millón) ha intensificado el debate político en España.
Desde la oposición, partidos como VOX advierten de un posible “efecto llamada” y cuestionan el impacto de estas políticas en los servicios públicos.
Cambios en el acceso a la sanidad: fin de las renovaciones periódicas
El nuevo decreto introduce una modificación relevante: elimina la caducidad del documento que acredita el acceso a la sanidad pública.
A partir de ahora:
- No será necesario renovar periódicamente la situación administrativa
- El acceso al sistema sanitario será más estable
- Se reducen los mecanismos de control sobre los registros
Este cambio supone una transformación significativa respecto al modelo anterior, que exigía revisiones periódicas.
Origen del sistema: la sanidad universal desde 2018
El acceso de inmigrantes en situación irregular a la sanidad pública se remonta a la Ley 7/2018, que instauró el principio de universalidad en España.
Desde entonces:
- Las comunidades autónomas gestionan la incorporación de estos pacientes
- Se les asigna un código identificativo sanitario
- Los datos se integran en una base estatal de población protegida
Esto ha permitido crear una base de datos acumulativa que incluye a extranjeros no registrados formalmente.
Limitaciones del registro y posibles duplicidades
El propio Gobierno reconoce que el registro sanitario no equivale necesariamente al número real de inmigrantes residentes en España.
Entre las posibles limitaciones destacan:
- Existencia de duplicidades
- Inclusión de personas que ya no residen en el país
- Diferencias en la gestión entre comunidades autónomas
Aun así, estos datos se utilizan como referencia para calcular costes y planificar recursos.
Coordinación estatal y críticas institucionales
El decreto también refuerza la coordinación entre administraciones al implantar un sistema homogéneo de identificación en todo el país, lo que permitirá centralizar la información de los beneficiarios.
Por su parte, el Consejo de Estado planteó objeciones al texto inicial, lo que obligó al Ejecutivo a introducir modificaciones antes de su aprobación definitiva.
Posturas enfrentadas sobre la política migratoria
Mientras el Gobierno defiende esta regularización como un hito clave de la legislatura, la oposición mantiene su rechazo y ha anunciado posibles recursos judiciales y parlamentarios.
En este contexto, el Real Decreto 180/2026 consolida un modelo de atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular financiado con fondos públicos, al tiempo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre inmigración ilegal en España.
