«Son culpables quienes abren la puerta a la inmigración ilegal masiva» ha denunciado el líder de VOX en Extremadura
El presidente del Grupo Parlamentario VOX Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha comparecido este viernes para condenar la agresión sufrida por una joven en Mérida durante la madrugada del pasado miércoles. El dirigente ha trasladado públicamente el respaldo de su formación política tanto a la víctima como a su entorno familiar tras los graves hechos ocurridos en la capital extremeña.
Fernández Calle explicó que se puso en contacto personalmente con la madre de la joven con el objetivo de expresarle “todo el apoyo y solidaridad” por parte de VOX. Asimismo, señaló que la formación queda a disposición de la familia para prestar cualquier ayuda necesaria en estos momentos complicados.
El también vicepresidente de la Junta de Extremadura destacó que la prioridad ahora es la recuperación de la víctima, subrayando además que, pese a la gravedad de lo sucedido, no haya habido consecuencias aún más trágicas.
VOX exige la máxima condena para el presunto agresor
Durante su intervención, Fernández Calle reclamó que “caiga todo el peso de la ley” sobre el presunto autor de la agresión y del intento de violación. Además, defendió que, en caso de confirmarse que el detenido se encontraba en España de forma ilegal, sea expulsado y cumpla la condena correspondiente en su país de origen.
El dirigente de VOX también responsabilizó a las políticas migratorias impulsadas en los últimos años de favorecer situaciones como esta. Según afirmó, “quienes promueven la inmigración ilegal masiva y abren las fronteras sin control también tienen responsabilidad en estos hechos”.
Debate sobre inmigración y seguridad en España
Por último, el presidente del Grupo Parlamentario VOX Extremadura insistió en la necesidad de reforzar el control migratorio y poner fin a la inmigración ilegal masiva. En este sentido, defendió que las personas que lleguen a España lo hagan “a través de vías legales, respetando las normas y con voluntad de integrarse y contribuir al desarrollo del país”.
El caso ha vuelto a situar el debate sobre seguridad ciudadana e inmigración en el centro de la actualidad política en Extremadura y en el conjunto de España.
