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Permanente ridículo: el Banco Mundial desmonta el intento de Sánchez para no pagar las indemnizaciones a las renovables

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Sánchez coloca a España, junto a Venezuela y Rusia, en el podio mundial de morosidad en los pagos y de laudos internacionales en contra

El gobierno del PSOE convierte a España en un país moroso a la altura de la narcodictadura socialista venezolana. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial tumba la solicitud de anulación del fallo que condenó al Gobierno a compensar con 23,5 millones de euros a la empresa japonesa JGC, perjudicada por el pufo de las renovables.

La disputa entre la empresa japonesa y España se remonta a 2015 y culminó, tras un prolongado proceso, en el fallo arbitral del CIADI EN noviembre de 2021 que condenaba al gobierno a pagar 23,5 millones de euros a JGC, más 5,4 millones en intereses de demora y 1,8 millones en costos legales, elevando el total a 31 millones de euros.

El Gobierno de Sánchez se negó a indemnizar a la empresa japonesa y buscó anular el fallo. Dos años después -el pasado 6 de febrero- el Banco Mundial tumbó la petición, confirmó la validez del laudo y remitió al Ejecutivo una carta instándole a pagar sus deudas.

Este caso es uno de los veintiséis en los que España ha sido condenada internacionalmente por la retirada retroactiva de los incentivos a las energías renovables. Las indemnizaciones totales a los demandantes superan los 1.500 millones de euros, sumados otros 250 millones en costos legales y financieros adicionales.

A pesar del laudo del Banco Mundial, el gobierno de Sánchez se niega a pagar

JGC había invertido en dos plantas de energía fotovoltaica en Andalucía y, al verse afectada por los cambios normativos retroactivos entre 2010 y 2014, decidió presentar una denuncia. El laudo del tribunal del Banco Mundial, determinó que las modificaciones a los subsidios de energía renovable violaron principios de seguridad jurídica protegidos por el Tratado de la Carta de la Energía.

Ante los impagos del gobierno socialista, las empresas afectadas han iniciado acciones legales en diversos países para embargar activos españoles en el extranjero. Hasta el momento, se han autorizado embargos en el Reino Unido, y la Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares.

Para resolver esta situación, las empresas afectadas instan a España a cumplir con sus obligaciones internacionales y poner fin a la cadena de incumplimientos que ha perjudicado gravemente al país, colocándolo en una posición precaria en comparación con naciones como Rusia o Venezuela en términos de la cantidad de fallos internacionales pendientes de pago.

Esta situación, según recoge El Economista, ha llevado a un deterioro reputacional y un daño económico estimado en más de 4.660 millones de euros debido al encarecimiento de la financiación y la disminución de la actividad económica.

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