Con siete meses de condena efectiva por la ley del “descuento francés”, el terrorista paseará libremente mientras las víctimas del terrorismo denuncian “fraude”
En un nuevo acto de desprecio a las víctimas del terrorismo y de humillación a la memoria de los asesinados por ETA, el Gobierno vasco ha concedido este lunes el tercer grado penitenciario al etarra Jon Bienzobas, alias Karakas, uno de los verdugos más sanguinarios de la banda.
El asesino, condenado a 266 años de cárcel por múltiples atentados, incluido el brutal asesinato del catedrático Francisco Tomás y Valiente —expresidente del Tribunal Constitucional— el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, podrá ahora cumplir el resto de su pena desde su domicilio, prácticamente en libertad.
Bienzobas, que fingió ser un estudiante para acercarse a su víctima y le disparó tres veces a bocajarro, ya disfrutaba desde el pasado 19 de enero de salidas diarias desde la prisión de Basauri. Ahora, con la complicidad del Ejecutivo autonómico de PNV y PSOE da un paso más hacia la impunidad total.
Solo siete meses separan al etarra de quedar completamente libre gracias al tiempo cumplido en cárceles francesas, una aberración legal que permite a los etarras “descontar” años como si el dolor de las víctimas tuviera fecha de caducidad.
COVITE
Las asociaciones de víctimas no han tardado en reaccionar con indignación. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que preside Consuelo Ordóñez, ha calificado la decisión de “fraudulenta” y “engaño intolerable”. “Sustituyen hechos verificables por cartas privadas sin arrepentimiento público ni desvinculación clara del terrorismo”, denuncian.
Más del 90% de estos terceros grados se tramitan por el artículo 86 del reglamento penitenciario, lo que en la práctica equivale a semilibertad con pulsera telemática y sin riesgo real de volver a prisión. La AVT ha sido igualmente contundente: “Es una bofetada a todas las familias que perdimos a seres queridos por culpa de ETA”.
El caso de este etarra no es ninguna excvepción. Forma parte de la vergonzosa política de “reinserción exprés” que el Gobierno vasco —con la pasividad cómplice de la Fiscalía de la Audiencia Nacional— viene aplicando sistemáticamente a etarras sanguinarios. Hace solo semanas se beneficiaron con el mismo trato Garikoitz Aspiazu Txeroki y Soledad Iparraguirre Anboto, dos de los pistoleros más despiadados de la banda. Mientras las víctimas siguen esperando justicia y memoria real, los herederos políticos del nacionalismo vasco y la izquierda pactista siguen premiando a los verdugos.
El Estado falla a sus víctimas
Veintisiete años después del asesinato de Tomás y Valiente, el Estado sigue fallando a sus víctimas. Un etarra que jamás ha pedido perdón públicamente, que jamás ha colaborado en el esclarecimiento de otros crímenes y que perteneció al brazo armado de una organización terrorista que dejó más de 850 muertos, sale de prisión como si nada. Y todo bajo el paraguas de un Gobierno que, una vez más, antepone el buenismo proetarra a la dignidad de las víctimas y al Estado de Derecho.
España no puede seguir tolerando esta deriva. Las víctimas del terrorismo no son “daños colaterales” ni piezas de un pasado incómodo: son la prueba viva de que ETA fue derrotada por la policía y los jueces, no por la “paz” de papel que algunos venden mientras dejan libres a sus asesinos.
