El regidor, José Luis Sáez, impone, desoyendo a los perjudicados, una ordenanza más restrictiva que la vigente en municipios turísticos aledaños
La ordenanza de terrazas del alcalde del PSOE, José Luis Sáez, aplicada desoyendo a los hosteleros damnificados, ha generado tal polémica ante sus nefastas consecuencias que el resto de partidos se han unido a los afectados para exigir una solución.
El Ayuntamiento de Guardamar del Segura obliga a retirar marquesinas, cerramientos y otros elementos de las calles, como maceteros, sillas y mesas para “recuperar” espacio público y aparcamientos nocturnos. La ordenanza, aprobada en 2022, argumentaba que debía corregir situaciones de uso de la vía pública, olvidando -o teniendo en cuenta- que se trata de un municipio turístico.
Mínimo espacio recuperado, máximo prejuicio a los hosteleros de Guardamar del Segura
Si bien los afectados, de momento, no pierden el derecho a tener sus terrazas, la desaparición de esos elementos, tal y como relatan desde el inicio del conflicto, afecta tanto al funcionamiento de sus negocios (protección ante el sol o la lluvia), como a la seguridad de sus clientes (por la cercanía de coches circulando en la calzada). Otros hosteleros inciden en el mínimo impacto de la medida, por las escasas plazas de aparcamiento que se iban a “recuperar”.
La ordenanza más restrictiva de la zona, y sin medios para aplicarla
El consistorio del PSOE se escuda en que existieron dos años de «moratoria» para ajustarse a la normativa y «ese periodo transitorio ha concluido y es momento de adaptarse a la ordenanza» en la que instalará señalización horizontal y vertical en los establecimientos solicitantes para delimitar sus terrazas.
Según recoge el digital ‘Información’, la ordenanza del consistorio del PSOE en Guardamar resulta mucho más restrictiva para la hostelería que la vigente en otros municipios turísticos aledaños, tales como Torrevieja, Orihuela o Pilar de la Horadada.
Para ahondar más el disparate legislativo del alcalde Sáez, el citado medio recuerda que las restricciones de la ordenanza resultan, además, casi imposibles de garantizar. El alcalde carece de suficientes medios humanos para imponerlas -como agentes de Policía Local y funcionarios adscritos- y la plantilla disponible estaría en cuadro, porque trabajarían en horario nocturno veraniego, precisamente cuando más se incumpliría la norma.
