Según ha adelantado Okdiario, varios internos han solicitado información sobre cómo acceder al procedimiento
Presos extranjeros en situación de prisión preventiva por delitos graves como terrorismo yihadista, narcotráfico, agresiones sexuales o crimen organizado han comenzado a interesarse por el proceso de regularización de inmigrantes promovido por el Gobierno de España.
Según diversas informaciones publicadas, varios internos ya han solicitado detalles sobre cómo acogerse a este procedimiento impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dentro del marco del nuevo decreto de regularización.
Posibilidad de acceso sin condena firme
La principal cuestión jurídica es que los presos en situación preventiva aún no cuentan con una condena firme ni antecedentes penales definitivos. Esto abre la puerta a que, en determinados casos, puedan optar a la regularización si cumplen los requisitos establecidos.
El decreto contempla la exclusión de personas con antecedentes penales, pero permite valorar de forma individual situaciones con antecedentes policiales, siempre que se considere que no representan una amenaza para el orden público.
Advertencias desde el ámbito penitenciario
Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), su presidente Gonzalo Arboledas ha alertado sobre el posible impacto de esta medida. Según advierte, podría beneficiar a internos en prisión preventiva por delitos muy graves, incluyendo casos de agresión sexual, violencia de género, narcotráfico, delincuencia organizada e incluso terrorismo yihadista.
Los funcionarios penitenciarios estiman que esta situación podría afectar a unos 3.600 presos extranjeros en España, y denuncian además la falta de recursos humanos y materiales para gestionar la nueva carga administrativa derivada del proceso.
Instrucciones a los centros penitenciarios
Tras la aprobación del decreto, Instituciones Penitenciarias emitió una instrucción interna para facilitar el acceso de los internos extranjeros a la regularización.
Entre las medidas adoptadas se incluye la obligación de informar a la población reclusa sobre el nuevo procedimiento mediante carteles, bibliotecas, aulas educativas y trípticos informativos dentro de los centros penitenciarios.
Asimismo, los educadores y juristas de las prisiones deberán asistir a los internos en la tramitación de solicitudes, garantizando también apoyo lingüístico cuando sea necesario.
Gestión del proceso por Extranjería
El procedimiento está gestionado por la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión. La Policía Nacional únicamente emite informes, sin capacidad decisoria sobre las solicitudes.
La UTEX debe recopilar información de distintas bases de datos nacionales y europeas en un plazo de 15 días. No obstante, el decreto establece que la existencia de antecedentes policiales no implica automáticamente la denegación de la solicitud.
Evaluación caso por caso
La decisión final recae en el órgano administrativo competente, que evaluará cada expediente de forma individual. Se tendrá en cuenta si el solicitante supone un riesgo para el orden público, la seguridad interior o las relaciones internacionales dentro de la Unión Europea.
