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Prisión permanente para la mujer que estranguló a su marido con parálisis y lo enterró en sosa cáustica en Valencia

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La asesina alegó que su víctima le pidió ayuda para morir por su enfermedad, pero las pruebas revelan que lo golpeó para vencer su escasa resistencia

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión permanente revisable impuesta a Beatriu F.C. por asesinar a su marido en Godelleta (Valencia). El marido, Isaac Guillén, paralizado por una enfermedad degenerativa, fue estrangulado por su esposa con un cordón de zapatilla tras no lograr asfixiarlo con gas butano dentro de un coche.

El Supremo descarta la alegación de la asesina, que afirmó que el crimen respondió a la voluntad seria, expresa e inequívoca de su marido de poner fin a su vida y acabar así con su sufrimiento.

Por el contrario, el alto tribunal considera que “los hechos declarados probados permiten afirmar sin duda alguna que la recurrente no participó ejecutivamente en el suicidio de su marido, sino que decidió acabar con su vida”.

La acusación particular alegó que Guillen planeaba separarse de Beatriu F.C. y que esta carecía de ingresos propios, lo que señala un móvil económico del crimen. El digital Las Provincias recogió declaraciones de la hija de la víctima, fruto de una relación anterior, quien afirmaba que su padre la prometió que, en caso de solicitar la eutanasia, ella sería la primera en conocer su decisión.

 Beatriu F.C. golpeó a su víctima para vencer la escasa resistencia física que opuso

El tribunal describió “El modo cruel” en que Beatriu F.C. mató a su marido, intentando, primero, “que inhalara gas butano para, después, asfixiarle con un cordón de zapato, no sin antes propinarle golpes, que le causaron distintas lesiones, para vencer la escasa resistencia física que opuso” por su “su cuasi inmovilidad”.

También destaca la sentencia “el sofisticado plan de ejecución trazado y el modo en que se pretendió deshacer del cadáver -echando sobre los restos cal viva y enterrándolos en una zanja de una finca rústica-“, que hace patente “una intención homicida“.

Según los hechos probados,  Beatriu F.C. sacó el cadáver del coche donde perpetró el crimen y, ayudada por su hijo, lo tiró en una fosa que había excavado en una parcela arrendada, envuelto en un plástico.

Acto seguido, arrojaron a la fosa tierra y piedras para tapar el cuerpo y vertieron sosa cáustica y otros productos químicos para disolverlo. El cuerpo no se encontró hasta junio de 2020, seis meses después del crimen.

La intención homicida que señala el tribunal queda “muy alejada de la compasión y del respeto por la autonomía y la dignidad personal que fundan el tratamiento ultraprivilegiado de la cooperación ejecutiva en el suicidio en los supuestos del artículo 143. 3 y 4 del Código Penal”.

Las pruebas descartan que el hombre pidiera que lo matasen

El Supremo añade que los hechos probados descartan que Isaac Guillén solicitara a Beatriu F.C. “de manera expresa, seria e inequívoca” que causara en su muerte.

Por el contrario, se da por acreditado que la víctima, “plenamente consciente de la gravedad de su enfermedad y del curso de la misma, manifestó en alguna ocasión su deseo de morir, sin querer implicar a ningún familiar, y recabó información sobre la eutanasia”. 

En septiembre de 2019, el hombre se inscribió en la Asociación Derecho a morir dignamente y decidió esperar para decidir sobre su situación a la anunciada reforma legal que vendría a regular la eutanasia.

Es decir, remarca la sentencia, “que no solo no transfirió a la recurrente ninguna petición expresa de cooperación activa en la causación de su muerte, sino que demostró una sólida voluntad de ejercer su autonomía personal durante el proceso del final de la vida”.

Prisión permanente por la ‘especial vulnerabilidad de la víctima’

Isaac Guillén padecía ataxia cerebelosa de tipo degenerativo, con un grado de discapacidad física reconocida por la Administración del 38 % en el año 2009; del 69 % en 2014, y del 79 % en 2018.

En el año 2019, cuando fue asesinado, la enfermedad estaba muy avanzada: dependía de terceras personas para sus necesidades vitales, carecía de movilidad en las piernas, no se sostenía de pie ni coordinaba los movimientos de los brazos, y presentaba debilidad muscular y temblores.

El alto tribunal ratifica así la pena de prisión permanente revisable impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que elevó los 25 años de prisión impuestos por la Audiencia Provincial, atendida la especial vulnerabilidad de la víctima por su grave discapacidad.

Según la sentencia confirmada, Beatriu F.C., que se casó con la víctima en 2017, tendrá que indemnizar con 283.000 euros a dos hijos menores de edad que tenía el hombre con otra mujer.

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