Informaciones publicadas afirman que la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, estructuró el rescate de Air Europa en dos pagos para evitar el control de Bruselas
El rescate de Air Europa durante la pandemia vuelve al centro de la atención judicial tras conocerse una investigación publicada en el medio El Debate, que apunta a una posible estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para fraccionar la ayuda pública y evitar el control previo de la Comisión Europea.
Según la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda entonces dirigido por María Jesús Montero, habría estructurado el rescate en dos pagos diferenciados para no superar el umbral que obliga a notificar la operación a Bruselas.
Un rescate de 475 millones dividido en dos tramos
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre de 2020 una ayuda total de 475 millones de euros para Air Europa a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La operación se articuló en dos instrumentos financieros:
- Un préstamo participativo de 240 millones de euros
- Un préstamo ordinario de 235 millones de euros
Ambas cantidades se mantuvieron por debajo del límite de 250 millones de euros establecido por la normativa comunitaria para la notificación obligatoria a la Comisión Europea, lo que evitó su evaluación previa por parte de Bruselas.
Sospechas de fraccionamiento para eludir controles europeos
La denuncia judicial sostiene que esta división no fue casual, sino una estrategia diseñada para esquivar el escrutinio de la Comisión Europea, encargada de supervisar las ayudas de Estado para garantizar la competencia leal entre empresas en la Unión Europea.
Al no superar el umbral establecido, la decisión quedó en manos del consejo gestor de la SEPI, presidido en aquel momento por Bartolomé Lora, quien ha sido imputado por presunta prevaricación en el marco de la investigación.
Diferencias con otros rescates empresariales
El caso de Air Europa contrasta con otras operaciones similares realizadas durante la pandemia. Por ejemplo, en el rescate de la siderúrgica Celsa, con más de 500 millones de euros en ayudas públicas, el Gobierno sí notificó el expediente a la Comisión Europea para su revisión.
Este contraste ha reforzado las dudas sobre el procedimiento utilizado en el caso de la aerolínea, una de las mayores beneficiarias del fondo de rescate empresarial.
Investigación judicial y posibles implicaciones políticas
La investigación también incorpora información de otras causas en curso y de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en los que se recogen comunicaciones relacionadas con la urgencia del rescate de la aerolínea en 2020.
Según dichos informes, el entonces consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, contactó en septiembre de 2020 con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para transmitir la necesidad de acelerar la operación. Días después, se produjeron intercambios de comunicaciones entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el propio Pedro Sánchez.
El juzgado analizará la legalidad del procedimiento
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid deberá determinar ahora si el diseño del rescate respondió a criterios técnicos o si, por el contrario, se utilizó el fraccionamiento de los pagos para evitar el control de la Comisión Europea.
La investigación revisará documentación interna de la SEPI, expedientes administrativos y comunicaciones entre los organismos implicados, en una causa que pone bajo la lupa una de las principales intervenciones económicas del Gobierno durante la crisis del coronavirus.
