La regularización de medio millón de ilegales quedará en parte en manos del grupo Tragsa, salpicado por el caso Ábalos
El Gobierno de Pedro Sánchez estudia la aprobación en Consejo de Ministros de un decreto que permitiría la regularización de hasta 500.000 inmigrantes en situación irregular en España. La medida, que se enmarca en acuerdos con distintos socios parlamentarios, ha generado un intenso debate político y social por su alcance y sus condiciones de aplicación.
Gestión del proceso y controversia sobre su ejecución
Según diversas informaciones publicadas por medios como El Debate, parte del proceso administrativo podría estar vinculado a entidades públicas como el grupo Tragsa y su filial Tragsatec, una decisión que ha suscitado críticas por parte de algunos sectores políticos y órganos consultivos.
El Consejo de Estado habría señalado la necesidad de justificar con mayor claridad la elección de estas entidades frente a otras alternativas, así como de reforzar la transparencia en el procedimiento administrativo.
Debate sobre la participación de entidades públicas y del Tercer Sector
El borrador del decreto también contempla la participación de organizaciones del denominado Tercer Sector en la evaluación de situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes. Estas entidades podrían desempeñar un papel relevante en la identificación de perfiles susceptibles de regularización.
Este enfoque ha generado debate sobre el alcance de las competencias administrativas y la idoneidad de delegar determinadas funciones en organismos externos.
Cambios en los requisitos de regularización
Entre las modificaciones previstas en el texto destaca la posibilidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable, un aspecto que ha sido objeto de análisis y debate por parte de distintos juristas y expertos en derecho administrativo.
Reacciones institucionales y contexto político
El Consejo de Estado también habría expresado reservas respecto a la delimitación de funciones de entidades públicas como Tragsa y Tragsatec, recordando que las competencias sobre concesión de permisos corresponden a la administración pública y a sus funcionarios.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo mantiene su intención de avanzar en la aprobación del decreto, lo que previsiblemente abrirá un nuevo frente de debate político en el Congreso y en la opinión pública.
Una de las mayores regularizaciones de los últimos años
La iniciativa se perfila como uno de los procesos de regularización más amplios de los últimos años en España, en un contexto marcado por la presión migratoria, la discusión sobre el control fronterizo y la necesidad de ajustes en la política de inmigración.
