Más de dos millones de personas podrán beneficiarse de estas políticas y votar en las elecciones
El Gobierno de España ha destinado cerca de 1,7 millones de euros a mejorar y agilizar los sistemas de tramitación de la nacionalidad española, una medida que afecta a más de 2,3 millones de solicitudes presentadas por descendientes de españoles en el extranjero.
Según información publicada por el medio okdiario, el contrato ha sido adjudicado a la empresa Neoris España SL, que se encargará del desarrollo, mantenimiento y soporte técnico de los sistemas de nacionalidad dependientes del Ministerio de Justicia.
Más de 2,3 millones de expedientes en trámite
El volumen total de solicitudes vinculadas a esta vía asciende a unos 2,3 millones de expedientes. Estos corresponden principalmente a hijos y nietos de españoles que emigraron al extranjero.
De acuerdo con datos oficiales, una parte relevante de estas solicitudes ya ha sido aprobada, mientras que el resto continúa en proceso de tramitación dentro del sistema administrativo.
Nacionalidad por opción: marco legal vigente
Este procedimiento se encuadra dentro de la nacionalidad por opción, una de las vías legales existentes en España junto a la nacionalidad por residencia y por carta de naturaleza.
En concreto, esta opción se aplica a descendientes de españoles emigrados antes de 1978, ampliada tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. El plazo para presentar solicitudes finalizó en octubre del pasado año.
Gestión administrativa y organismos responsables
La adjudicación del contrato ha sido realizada por la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Este departamento, liderado por el ministro Félix Bolaños, gestiona los procedimientos de nacionalidad a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Debate político sobre la medida
La iniciativa ha generado distintas reacciones en el ámbito político. Algunos grupos parlamentarios han expresado dudas sobre la gestión del proceso, mientras que el Ejecutivo defiende que se trata de una actuación orientada a mejorar la eficiencia administrativa.
Este contexto ha abierto un debate público sobre el alcance y la interpretación de las políticas de nacionalidad en España.
Impacto en los plazos de resolución
La implementación del nuevo sistema coincidirá con la resolución progresiva de los expedientes acumulados, lo que podría contribuir a reducir los tiempos de tramitación.
No obstante, la Administración prevé un aumento de la carga de trabajo durante el periodo de adaptación, lo que podría influir temporalmente en la gestión de solicitudes.
