Mientras el gobierno sigue recortando el trasvase Tajo-Segura
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una financiación cercana a los 340 millones de euros para la construcción de una gran planta desaladora en Casablanca (Marruecos), un proyecto que vuelve a poner en el centro del debate la política hídrica española, especialmente en relación con el trasvase Tajo-Segura, clave para el suministro de agua en el sureste peninsular.
Según diversas informaciones, la decisión llega en paralelo a la reducción progresiva del volumen de agua transferido a provincias como Alicante, Murcia y Almería, lo que ha generado una fuerte controversia en el sector agrícola.
Una gran inversión para una desaladora estratégica en Marruecos
El proyecto consiste en la construcción de la mayor planta desaladora de África, ubicada en Casablanca, con una capacidad estimada de 300 millones de metros cúbicos anuales. La infraestructura será ejecutada por un consorcio internacional liderado por la empresa española Acciona.
El apoyo del Ejecutivo español se canaliza a través de distintos mecanismos de financiación pública:
- 250 millones de euros mediante el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)
- Cobertura del 80% de un tramo de 70 millones a través de CESCE
- 31 millones adicionales del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) gestionado por COFIDES
Este respaldo se enmarca en la estrategia de cooperación bilateral entre España y Marruecos y en las políticas de adaptación al cambio climático y gestión del estrés hídrico en la región.
Crece la tensión por el futuro del trasvase Tajo-Segura
Mientras avanza esta inversión internacional, en España continúa la preocupación por el futuro del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura considerada esencial para el abastecimiento de agua en el sureste.
El Gobierno prevé modificar las reglas de explotación del sistema mediante el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo, lo que en la práctica reducirá el volumen de agua disponible para el trasvase.
Este cambio afecta directamente a una de las principales zonas agrícolas del país, especialmente en Alicante, Murcia y Almería, donde la agricultura depende en gran medida de este recurso hídrico.
Niveles de embalses preocupan al sector agrícola
La situación hídrica en estas provincias añade presión al debate. Según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, los niveles de agua en los embalses se sitúan en:
- Alicante: 50,79%
- Murcia: 35,14%
- Almería: 12,05%
Estas cifras reflejan una situación desigual y especialmente crítica en algunas zonas del sureste español, donde la escasez de agua es estructural.
Reacciones del sector agrario: “incoherencia en la política del agua”
Las organizaciones de regantes han expresado su malestar ante lo que consideran una falta de coherencia en la política hidráulica del Gobierno. Critican que se destinen importantes recursos públicos a infraestructuras hídricas en el extranjero mientras se restringe el acceso al agua en regiones agrícolas españolas.
Desde el sector se advierte de que el trasvase Tajo-Segura es fundamental para la competitividad agroalimentaria, ya que permite el riego de miles de hectáreas destinadas a la exportación de frutas y hortalizas en Europa.
Críticas del Sindicato Central de Regantes
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha sido especialmente contundente. Su presidente ha calificado la situación como una “traición de primer nivel”, denunciando que el sistema de trasvases en España está siendo progresivamente debilitado.
Los regantes también critican que la gestión del agua se utilice como herramienta política, afectando siempre a las mismas regiones del sureste español.
Además, recuerdan que en ocasiones el río Tajo ha vertido excedentes hídricos hacia Portugal que no han sido aprovechados para aliviar la demanda interna en España.
Un debate abierto sobre la gestión del agua en España
La combinación de inversión internacional en grandes infraestructuras hídricas y los recortes del trasvase Tajo-Segura ha reabierto el debate sobre la gestión del agua en España y la planificación de los recursos hídricos a largo plazo.
Mientras el Gobierno defiende su estrategia basada en cooperación internacional y adaptación climática, el sector agrícola del sureste reclama una política más equilibrada que garantice el futuro del regadío en las zonas más afectadas por la sequía.
