Sánchez prepara una Ley de Información Clasificada más restrictiva que la de Franco

El anteproyecto contempla clasificar como secreto de Estado cualquier información que consideren el gobierno y un amplio grupo de funcionarios

La nueva Ley de Información Clasificada que prepara Sánchez dejará en manos de un gran grupo de funcionarios -ministros, subsecretarios, secretarios de Estado, directores de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, entre otros- la competencia para clasificar, desclasificar y reclasificar la información como secreta “por interés nacional”. En esencia, prácticamente cualquier información será susceptible de clasificarse como secreto de Estado e impedir que la ciudadanía la consulte, y esa prohibición la podrán imponer funcionarios que no forman parte del Ejecutivo.

Tras revisar el anteproyecto, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe, aprobado por unanimidad, en el cual cuestiona la justificación para clasificar documentos como secretos en la nueva Ley que sustituirá a la actual Ley de secretos oficiales, que data de 1968.

El gobierno ha usado a discreción la ley franquista para ocultar de la luz pública informaciones perjudiciales para sus intereses, tales como el presunto uso a título particular de medios aéreos e inmuebles del Estado por Sánchez, sus ministros y sus invitados. Sin embargo, Sánchez irá un paso más allá con la reforma de esa Ley: por su arbitrariedad e indefinición, con el establecimiento de nuevas categorías de confidencialidad, permitirá ocultar sin control legal “por interés nacional” cualquier información.

El dictamen del CGPJ ha subrayado que la justificación de la clasificación no puede exceder de la prevista en la Constitución, señalando el problema de vincular la justificación a los “intereses de España”. En particular, el CGPJ ha mostrado preocupación por la falta de concreción en la identificación del “riesgo grave y cierto existente” y la “incidencia directa” en el núcleo del bien jurídico protegido, precisamente la seguridad y defensa del Estado.

El Anteproyecto de Ley puede consultarse en este enlace del ministerio de la Presidencia.

Apagón informativo para los ciudadanos y barra libre para que los funcionarios destruyan información

El CGPJ, ha denunciado en su informe una “marcada indeterminación en el establecimiento de los elementos, requisitos y parámetros necesarios para justificar la clasificación, así como en la motivación de la misma”. El CGPJ también ha cuestionado la falta de mención en el anteproyecto sobre el acceso de los ciudadanos a la información clasificada, y recomienda la inclusión de un proceso que regule este acceso en el articulado.

Otro punto crítico que señala el informe es la posibilidad de destruir la información complementaria “con la mayor brevedad posible” sin conocimiento del órgano judicial o fiscal, al no estar prevista autorización o comunicación alguna. El anteproyecto define como información complementaria los “borradores, copias previas, anotaciones, grabaciones en soportes físicos o informáticos, así como cualquier otra información adicional que se pueda haber generado con anterioridad a la clasificación” de una información como reservada.

El CGPJ ha incidido en que la decisión de decretar el secreto es extremadamente grave en una democracia y debe ser adoptada al más alto nivel del Poder Ejecutivo. El anteproyecto cumple este requisito en lo que respecta a las categorías de “alto secreto” y “secreto”, en las cuales la competencia para clasificar, reclasificar y desclasificar información recae exclusivamente en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, en las categorías “confidencial” y “restringido”, el informe señala una falta de especificidad respecto a quién tiene el poder de desclasificar la información.

Una Ley deliberadamente difusa para permitir su uso arbitrario

Según el mencionado informe, el anteproyecto no establece una vinculación “clara” con la seguridad y defensa del Estado en la categoría “confidencial”, referida a información cuyo conocimiento público podría causar un daño “leve”. También falta concreción en varios apartados del anteproyecto, en los cuales se incluyen categorías como “seguridad pública y vida de los ciudadanos”, “relaciones exteriores de España o situaciones de tensión internacional” y “intereses económicos o industriales de carácter estratégico” entre los niveles de clasificación de “alto secreto” y “secreto”.

Según el informe del CGPJ, la cláusula residual incluida en dicho precepto introduce un alto grado de indeterminación en el ámbito de aplicación de la ley. En el mismo sentido, el informe señala que esto resulta incompatible con la necesaria conexión con el bien jurídico protegido y con la falta de parámetros específicos que permitan someter el acto mismo de la clasificación a control.