El Gobierno concedió 475 millones a la aerolínea a pesar de conocer el reparto previo de cerca de 40 millones entre sus accionistas
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió rescatar a Air Europa a pesar de las alertas internas sobre el reparto de dividendos extraordinarios realizados por la familia Hidalgo poco antes de solicitar la ayuda pública. Así lo ha revelado José Ángel Partearroyo Martín, exdirector de Participaciones de la SEPI, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.
Según el testimonio del alto cargo, los técnicos detectaron que los propietarios de Globalia (matriz de Air Europa) habían distribuido cerca de 40 millones de euros en dividendos antes de pedir el rescate de 475 millones de euros. Partearroyo admitió que, aunque se consideró “legal”, existía un claro problema ético: una empresa que recibe fondos públicos por encontrarse en una situación crítica no debería repartir beneficios entre sus accionistas.
El ex responsable de la SEPI también confirmó que tanto Air Europa como Plus Ultra presentaron informes de auditores externos que no verificaron exhaustivamente la contabilidad real de las compañías. “Ningún auditor comprueba que la contabilidad que le han dado es buena”, explicó, y añadió que la SEPI partió de esos documentos sin realizar comprobaciones adicionales.
Demasiadas sospechas
Este nuevo testimonio refuerza las sospechas sobre la gestión del rescate durante la pandemia. Fuentes de la investigación judicial han señalado que Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica, mostró preocupación por el “superdividendo” y alertó de la situación a través de canales internos. Sin embargo, el Gobierno siguió adelante con la operación, que incluyó también una primera línea de crédito del ICO por 141 millones.
La oposición ha criticado duramente la falta de controles y la aparente preferencia política en la concesión de estas ayudas. Mientras, Air Europa defiende que se trató de un préstamo que ha sido devuelto con intereses.
Este caso se suma a las polémicas que rodean los rescates de empresas durante la crisis del COVID-19, cuestionando la transparencia y el uso de fondos públicos en operaciones que, según los datos revelados, contaban con alertas previas ignoradas por el Ejecutivo.
