Sumar, BNG y Compromís presionan para incluir otra vez el llamado ‘escudo social’ con el pretexto de la subida de precios por la guerra
Los cómplices parlamentarios del Gobierno, Sumar, BNG y Compromís, piden que se cuele otra vez en un decreto el blindaje antidesahucios y la prohibición de cortes de suministros básicos, entre otras medidas intervencionistas. Como en anteriores ocasiones, Sánchez planea un decreto a medida con el argumento de paliar las consecuencias de la guerra en Irán y garantizar lo que llama «escudo social», que para sus socios implica prohibir los desahucios.
El Gobierno prepara este decreto para el Consejo de Ministros del próximo martes 17 de marzo, después de que el ataque a la teocracia iraní provocara una fuerte subida de los precios de los combustibles y el triministro Bolaños, contactó con los grupos parlamentarios para recoger propuestas antes de elevar el texto al Consejo, informa Idealista.
El supuesto «escudo» ya fue rechazado en dos ocasiones por el voto en contra de PP, VOX y Junts al considerar, entre otras críticas, que es un blindaje de la okupación que además carga sobre los hombros de particulares la asistencia social de sus propios inkiokupas.
Moratoria antidesahucios estructural, intervención de precios energéticos y revisión de márgenes empresariales
Los tres partidos que impulsan esta demanda también solicitaron la prohibición de cortar el agua o la luz a las personas que entren en la clasificación de vulnerables. ERC y Bildu también registraron enmiendas conjuntas con el BNG en una ley en tramitación para convertir en estructurales la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de suministros.
Además, ERC, EH Bildu, BNG y Compromís presentaron una proposición no de ley en el Congreso para blindar los recursos básicos ante la escalada bélica y la inestabilidad geopolítica global. Con tal pretexto, proponen intervenciones temporales de la economía para limitar precios energéticos durante las crisis, supervisar los márgenes empresariales, impuestos extraordinarios sobre beneficios sobrevenidos por conflictos y, según indican, impulsar la soberanía energética y alimentaria.
