La formación de Yolanda Díaz exige que puedan cobrar ayudas públicas una vez salgan de la cárcel
El grupo parlamentario Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de mejorar la remuneración de los presos y garantizar su acceso a prestaciones económicas una vez que finalice su condena. La iniciativa, liderada por Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, busca que los excarcelados puedan recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en aquellos casos en que la prestación por desempleo sea menor.
La propuesta plantea reformar el Real Decreto 782/2001 para permitir que las personas que salen de prisión puedan elegir entre la prestación por desempleo y el IMV, priorizando la opción más favorable. Esto implica que, si el subsidio por desempleo es inferior al IMV, el expresidiario podrá optar por esta última ayuda económica.
Este es el segundo intento de Sumar en pocos meses para asegurar ingresos a quienes cumplen condena. En noviembre de 2025, la formación ya presentó una iniciativa que proponía un subsidio para excarcelados tras cumplir más de seis meses en prisión, sin diferenciar el tipo de delito. Esa medida, que contaba con el apoyo del PSOE, no logró prosperar en el Congreso.
La nueva PNL se enmarca además en un contexto político marcado por el rechazo de Sumar a otra propuesta del Partido Popular, que buscaba ampliar la prisión permanente revisable para asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas, evidenciando diferencias sobre la política penal y penitenciaria.
Cambios en las condiciones laborales de los presos
La propuesta no se limita a las ayudas económicas. También plantea reformas en los talleres penitenciarios, incluyendo:
- Ajustar la retribución de los internos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
- Reconocer a los presos el derecho a la libertad sindical.
Según la PNL, existe una «desigualdad injustificada» entre las condiciones laborales de los presos y los trabajadores en libertad. Datos del Ministerio del Interior (2024) indican que solo el 20 % de la población reclusa, unas 11.000 personas de un total de 55.000, tiene acceso a empleo dentro de los centros penitenciarios. Además, se señalan irregularidades en el control de horas trabajadas, con internos que realizan más horas de las registradas en sus nóminas.
Subsidios y protección económica insuficiente
Enrique Santiago sostiene que la eliminación del antiguo subsidio de excarcelación, impulsada por el PSOE, dejó a muchos expresos en situación de vulnerabilidad. El subsidio se entregaba en uno o dos meses, mientras que el acceso al IMV puede tardar entre cuatro y doce meses y con trámites burocráticos más complejos.
Sumar argumenta que estas medidas buscan fortalecer la reinserción social de las personas que cumplen penas de prisión, aunque la iniciativa reabre el debate político sobre las prioridades del sistema penitenciario y la inversión de recursos públicos en apoyo económico a expresos.
