El mercado político español ha tocado fondo en lo que a principios y valores se refiere. El último episodio de esta degradación institucional lo protagoniza Sumar, la coalición de extrema izquierda liderada por Yolanda Díaz. Quienes llevan años demonizando ferozmente a los propietarios de viviendas y tildándolos de «grandes tenedores especuladores», ahora no dudan en arrodillarse ante ellos ofreciéndoles golosas bonificaciones fiscales en el IVA con un único y desesperado objetivo: que el partido separatista Junts per Catalunya no les tumbe su decreto de alquileres en el Congreso.
Esta maniobra evidencia la inmensa hipocresía de una formación que construye su relato electoral a base de ataques clasistas contra el ahorro familiar. En el momento exacto en el que su supervivencia legislativa depende de los siete votos de Carles Puigdemont, la extrema izquierda archiva todos sus dogmas anticapitalistas y abraza la rebaja de impuestos a los arrendadores que tanto aseguraba odiar.
Modificar las leyes de vivienda como simple moneda de cambio
Lo más sangrante de este mercadeo de despachos es que la vivienda, uno de los dramas sociales más graves que azota actualmente a las familias españolas, ha quedado reducida a una vulgar ficha de casino para contentar a formaciones independentistas. No se legisla buscando soluciones habitacionales serias para los jóvenes, sino calculando qué concesiones económicas exigen los socios de investidura para mantener a Pedro Sánchez atrincherado en el palacio de la Moncloa.
Resulta ridículo observar a los diputados de Sumar retorciendo su propio discurso para justificar esta inesperada benevolencia fiscal hacia los caseros, cuando llevan meses culpándolos de todos los males de la inflación. La coherencia ideológica ha sido sacrificada de forma absoluta en el altar de la necesidad parlamentaria.
El chantaje permanente del separatismo catalán
Esta cesión fiscal es solo una muesca más en la larga lista de humillaciones que sufre el Estado a manos de sus socios. Junts per Catalunya sabe perfectamente que el Gobierno central es débil, que carece de mayoría estable y que cederá ante cualquier exigencia, por muy contradictoria que resulte con el propio programa electoral del bloque gubernamental.
España se encuentra secuestrada por una pinza de intereses puramente egoístas. Por un lado, unos partidos de ultraizquierda dispuestos a vender sus ideales más profundos por una cuota de poder ministerial temporal. Por otro, un bloque separatista que aprovecha esta debilidad crónica para extorsionar al Estado de Bienestar día tras día.
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