Denuncia que al no dotar de medios a un sistema ya saturado, perfiles de reincidentes pueden ingresar en España sin verificación detallada
El horizonte delictivo que espera a España con la regularización masiva, según los propios policías. El Sindicato Unificado de Policía comunicó la pasada semana su profunda preocupación ante el diseño del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, que, a su juicio, prioriza la tramitación administrativa frente a la seguridad pública.
El SUP denuncia que el Gobierno ha planificado cómo tramitar cientos de miles de expedientes (centralizando parte de la gestión en la UTEX de Galicia para evitar el colapso en las Subdelegaciones), pero no ha previsto ningún refuerzo paralelo para las unidades policiales que deben realizar el control de seguridad.
Las unidades de Extranjería y Fronteras (incluyendo la UCRIF) ya arrastran una importante saturación y retrasos acumulados desde finales de 2025. El sindicato advierte que, sin incremento de plantillas ni mejoras técnicas en los sistemas, el volumen de trabajo convertirá el “filtro de seguridad” en un mero trámite administrativo.
Los grandes riesgos de seguridad que afronta la población por la regularización masiva
Los principales riesgos de seguridad pública que destaca el SUP son múltiples. En primer lugar, la emisión de informes policiales, verificación de identidades y comprobación de antecedentes recaerá íntegramente sobre la Policía Nacional sin medios adicionales.
También existe una preocupación especial por la posibilidad de sustituir los certificados oficiales de antecedentes penales por declaraciones responsables, en un contexto donde el acceso a información penal de países de origen es limitado o inexistente.
Por otra parte, se incide en que la ausencia de antecedentes en España no garantiza la inexistencia de historial delictivo en otros países y se advierte que cualquier relajación en los mecanismos de verificación supone un riesgo evidente.
Regularización masiva si reforzar mecanismos de control
El SUP concluye que lanzar un proceso de regularización masiva sin reforzar previamente los mecanismos de control puede agravar aún más la saturación del sistema y dificultar la gestión eficaz de la seguridad pública.
“El SUP no cuestiona la legalidad de los procesos de regularización, pero sí advierte de que estos no pueden desarrollarse a costa de debilitar los mecanismos de control ni sobrecargar aún más a los agentes.”, añade.
El sindicato exige refuerzo inmediato de plantillas en las unidades de Extranjería y UCRIF, mejoras técnicas en los sistemas y un acceso real a bases de datos internacionales de antecedentes para poder realizar informes rigurosos.
