HO recurrió un reglamento aprobado por decreto a espaldas del Poder Legislativo alegando que era un simple ajuste administrativo
Se abre al puerta a frenar la regularización masiva de Sánchez. El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de la asociación cívica Hazte Oír (HO) contra el reglamento de inmigración impulsado por el Ejecutivo. Según HO, el Gobierno altera el régimen de extranjería sin la reforma legal orgánica que exige la Constitución.
Esta decisión obliga al Gobierno a entregar en un plazo improrrogable de 20 días el expediente administrativo. Los magistrados podrán examinar en detalle los fundamentos y el verdadero alcance de una norma aprobada al margen del Parlamento -modificando el Reglamento de Extranjería-.
Tras admitir a trámite el recurso, el Supremo reclama al Gobierno el expediente administrativo completo para que Hazte Oír pueda formalizar la demanda.
EL Supremo rechaza la suspensión cautelarísima y admite la petición de la cautelar
La regularización de inmigrantes ilegales de Sánchez se aprobó por el Gobierno mediante un Real Decreto, se publicó en el BOE y entró en vigor sin pasar por el Congreso, por lo que no puede recurrirse ante el Constitucional y debe acudirse al Supremo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó la solicitud de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica de una suspensión cautelarísima de la regularización masiva de Sánchez, porque considera que no concurren circunstancias de especial urgencia para adoptar la medida,
No obstante, recuerda HO, sí acordó tramitar la petición de suspensión cautelar por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de 10 días a la parte demandada. Según HO, se abre así la posibilidad de paralizarlo de inmediato mientras se resuelve el fondo del asunto.
‘Un éxito de la sociedad civil frente a los abusos del poder’
La admisión judicial desmonta la estrategia del Ejecutivo de presentar la medida como un simple ajuste administrativo. Al exigir el expediente completo, indica HO, el Supremo reconoce que la impugnación tiene entidad suficiente y obliga al Gobierno a defender en los tribunales una operación de enorme trascendencia política.
Desde la entidad destacan que es “un éxito de la sociedad civil frente a los abusos del poder” e integran esta acción judicial en una estrategia más amplia que combina movilizaciones ciudadanas, recogida masiva de firmas y denuncias ante instituciones europeas e internacionales.
La asociación confirmó en una nota de prensa que seguirá empleando todas las vías legales, sociales e institucionales disponibles para proteger el Estado de Derecho.
