La denunciante señala también al secretario de Organización del PSOE de Sevilla, a dos responsables provinciales y al partido por omisión
Un acoso que el partido conocía y no detuvo, según la querella. Una trabajadora del grupo socialista en la Diputación de Sevilla presentó una querella por presunto acoso laboral contra Demetrio Pérez, histórico del PSOE sevillano e integrante de la ejecutiva de María Jesús Montero. La denunciante también dirige la acción contra Rafael Recio, secretario de Organización del PSOE de Sevilla, contra dos responsables del grupo provincial y contra el propio partido como persona jurídica.
Los hechos, que los dirigentes socialistas conocían desde hace tiempo, llevaron a la empleada a los juzgados de Instrucción de Sevilla este jueves. Ella atribuye a Pérez un acoso continuo durante dos años que incluyó humillaciones públicas, limitaciones arbitrarias en sus funciones, marginación y menosprecio reiterado. Estos comportamientos le provocaron un trastorno adaptativo con ansiedad que requirió atención psicológica y varias bajas médicas.
Humillación pública y respuestas fallidas del partido
El episodio que desató la situación ocurrió el 27 de noviembre de 2023. Ese día, Pérez sometió a la trabajadora a un trato humillante y agresivo delante de compañeros: «una reprobación verbal cargada de gritos y descalificaciones» junto a «expresiones agresivas e insultantes». La empleada realizaba entonces tareas de administración y comunicación institucional con los municipios de la provincia.
Desde entonces, la trabajadora alertó repetidamente a Rafael Recio y a otros dirigentes, incluido el presidente de la Diputación, Javier Fernández. A pesar de sus intentos de buscar solución, el partido no adoptó medidas efectivas. El 26 de febrero de 2024, ella envió una carta detallada a Recio.
El 4 de marzo, en una reunión, Recio la abordó e intimidó: «interrogó» a la mujer, juzgando sus respuestas y exigiéndole que solo negara o asintiera, según recoge la querella. Amparo Rubiales -histórica feminista- y Rosario Andújar también participaron en ese encuentro.
La denunciante adjuntó cuarenta documentos, entre conversaciones de WhatsApp, audios y transcripciones. En una reunión posterior, el 31 de octubre de 2024, varios cargos socialistas abordaron con ella cuestiones de su vida personal y de su pareja, lo que interpretó como una intromisión y revelación de datos íntimos.
Investigación interna instruida… por los propios denunciados
Tras estos hechos, el PSOE abrió diligencias informativas. Demetrio Pérez presentó previamente una demanda de conciliación contra la trabajadora por injurias y calumnias. El 26 de marzo, ella envió un escrito exigiendo agilidad en la investigación interna.
El 11 de abril, la comisión instructora —integrada por el propio Rafael Recio, Amparo Rubiales y Rosario Andújar— resolvió que no existían indicios para sostener las acusaciones de acoso. El partido denegó en varias ocasiones a la denunciante el acceso a las actas del expediente.
La querella también imputa a las citadas compañeras delitos de coacciones, contra la integridad moral y descubrimiento y revelación de secretos. La acción legal destaca que el PSOE respondería penalmente por los actos cometidos en su beneficio por sus representantes.
