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Juan Francisco Trujillo, el ‘chófer de los ERE’, condenado a 4 años de cárcel

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Trujillo usó los fondos públicos saqueados por los socialistas para, entre otros fines, pagar comilonas, juergas y cocaína del director general de Trabajo de la Junta de Andalucía

En plena polémica por el ‘caso Koldo’, ha pasado inadvertida la condena de cuatro años y nueve meses de cárcel a Juan Francisco Trujillo, conocido como el “chófer de los ERE“, por trabajar para el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020.

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgó a Trujillo el pasado enero en una pieza separada del caso ERE por delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos por las ayudas de 1.350.000 euros que recibieron sus empresas.

La Audiencia considera probado que el año 2003 “y con ánimo de enriquecimiento propio”, el entonces director general de Trabajo “se concertó” con su chófer para “constituir sociedades mercantiles con la intención de recibir ayudas para financiar presuntas actividades de inversión provenientes de fondos públicos de la Junta, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”.

En concreto, el chófer Trujillo usó las subvenciones “para fines diferentes a los expresados en los correspondientes proyectos de inversión”, “relacionados con la satisfacción de intereses particulares como la compra de bienes inmuebles”.

También “destinó parte de los fondos recibidos de las subvenciones al pago de necesidades particulares de Guerrero”, como banquetes y juergas en establecimientos de ocio, suministro de cocaína y “la entrega a éste de cantidades en metálico”.

Teniendo en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión, la Audiencia impone a Trujillo la pena de cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y tres años de cárcel y siete años y medio de inhabilitación absoluta por el delito de malversación.

Desde pólizas fraudulentas a favor de su madre, a comprarse una casa con dinero de subvenciones a dedo

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia condena al “chófer de los ERE” a indemnizar a la Junta de Andalucía con un total de 1.350.000 euros junto con el condenado, Isidoro R.E., y a otra indemnización conjunta de 125.028,01 euros con el condenado Antonio José A.M.

Asimismo, y respecto del importe total de 1,3 millones, la Audiencia condena a la esposa de Trujillo, como partícipe a título lucrativo, a indemnizar a la Junta en 24.000 euros conjunta y solidariamente con los dos acusados mencionados.

La Audiencia considera probado que Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que comprase la vivienda conyugal, dinero procedente de la venta de una finca comprada en 2005 con las subvenciones recibidas de la Junta de Andalucía.

En relación a la suscripción “fraudulenta” de las pólizas de seguros a favor de su propia madre, el tribunal condena a Trujillo como autor de un delito de falsedad documental en concurso medial con un delito de prevaricación y a su vez en concurso medial con un delito de malversación.

Por los citados delitos, la audiencia le impone tres meses de prisión y el pago de una multa de 540 euros por el delito de falsedad; tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, y un año y medio de prisión y tres años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación.

El ‘chófer de los ERE’ creó tres sociedades receptoras de subvenciones de la Junta

Trujillo constituyó en 2003 una primera sociedad: Lógica Estratégica Empresarial, con un capital social de 3.010 euros, “sin que mediara solicitud alguna de la representación de la sociedad ni expediente administrativo, con omisión de modo total y absoluto del procedimiento legalmente establecido, y sin que ostentara competencia legal”.

Francisco Javier Guerrero, en su condición de director de Trabajo, emitió un documento el 5 de febrero de 2004 en el que certificaba que había sido concedida una subvención de 450.000 euros a esa primera sociedad.

Después, “en ejecución del mismo plan ideado”, Trujillo constituyó en 2003 una segunda sociedad: Iniciativas Turísticas Sierra Morena S.L., de la que resultaban partícipes el acusado en un 96% del capital suscrito, de 24.000 euros, y su mujer, que titulaba el resto de participaciones.

“De nuevo, presentar solicitud alguna por la representación” de la segunda sociedad, “ni tramitar expediente administrativo, omitiéndose de modo total y absoluto el procedimiento legalmente establecido”, y “sin que ostentara competencia legal”, el entonces director general de Trabajo certificó la concesión de una subvención de otros 450.000 euros a dicha sociedad.

Tercera sociedad. Por tercera vez, Trujillo, “puesto de acuerdo” con el director de Trabajo y “con la colaboración” del acusado Isidoro R.E., “se concertó con ambos para conseguir enriquecimiento propio mediante la obtención de una subvención destinada presuntamente a financiar el emplazamiento de una granja avícola”.

Siguiendo el patrón corrupto, el director general de Trabajo, sin presentación de solicitud ni tramitar expediente administrativo “con omisión de modo total y absoluto del procedimiento legalmente establecido, y sin que ostentara competencia legal”, suscribió un documento en 2004 que concedía una subvención “a la empresa Isidoro R.E.” de 450.000 euros.

Trujillo usó a su propia madre para apropiarse del dinero de pólizas de seguros

La Sección Primera, asimismo, considera probado que, en abril de 2007 “y con la misma finalidad de enriquecimiento propio”, Trujillo y Guerrero “decidieron apropiarse del importe de las prestaciones de unas pólizas de seguros a suscribir como ayuda sociolaboral, mediante la inclusión como asegurada y beneficiaria de una tercera persona”.

De este modo, Guerrero “se concertó” con el también condenado Antonio José A.M., directivo del grupo Vitalia -que contrataba con la intervención de la Dirección General de Trabajo pólizas de rentas como ayudas sociolaborales-.

Este último, preparó “una póliza de seguros en la que figurase como asegurada y beneficiaria” la madre de Trujillo, “que se hallaba ajena a la maniobra”. El importe de las prestaciones se ingresó en la cuenta bancaria de la madre del exchófer, que “efectuó a indicación de su hijo los reintegros para que éste pudiera disponer de las cantidades para fines particulares”.

La Audiencia señala que el perjuicio total ocasionado por la adjudicación de las tres pólizas se cifra en 1.350.000 euros, y en 125.028,01 euros el ocasionado por el pago de la póliza suscrita a nombre de la madre de Trujillo.

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