Informaciones publicadas afirman que un comisario prepara una denuncia contra él por supuestos delitos de coacciones, amenazas y abuso de autoridad
La situación interna en la Policía Nacional atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras la imputación del que fuera director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, en una causa judicial relacionada con una presunta agresión sexual en un juzgado de Madrid, un comisario ha decidido dar un paso al frente.
El mando policial, actualmente de baja médica, ultima una denuncia contra el exDAO por supuestos delitos de coacciones, amenazas y abuso de autoridad tal y como informa el medio The Objective. Según su versión, fue apartado de su destino tras advertir del incremento de la criminalidad vinculada a la inmigración ilegal en uno de los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid.
Informes sobre delincuencia e inmigración ilegal
El comisario, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, fue nombrado jefe de una Comisaría Local en 2023. A su llegada, detectó —según su relato— tres zonas claramente delimitadas donde se concentraban centenares de inmigrantes en situación irregular, principalmente de origen magrebí e iberoamericano.
De acuerdo con su testimonio, cerca de 800 viviendas habrían sido ocupadas en distintos edificios, algunos de titularidad municipal y otros pertenecientes a promociones privadas pendientes de entrega. El mando sostiene que el Ayuntamiento no impulsó desalojos y que incluso se habrían facilitado suministros básicos con fondos públicos.
El resultado, asegura, fue un efecto llamada que atrajo a personas procedentes de otras localidades, incluidas algunas con antecedentes policiales. En ese contexto, afirma que aumentaron los robos con violencia, el tráfico de drogas y otros delitos contra el patrimonio.
Falta de respuesta a los avisos internos
Ante esta situación, el comisario elaboró varios informes detallando la evolución de la criminalidad y las limitaciones operativas existentes. A comienzos de 2024 remitió la documentación a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, sin obtener —según denuncia— respuesta oficial.
Meses después, en septiembre, se celebró una Junta Local de Seguridad presidida por el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, junto al jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto. Tras el encuentro se anunció un plan específico de seguridad para el municipio, aunque, según las fuentes citadas por distintos medios, no llegó a desplegarse de forma efectiva.
Presuntas presiones políticas y relevo forzoso
El denunciante sostiene que el malestar del alcalde socialista con su gestión fue trasladado a instancias superiores y que esa incomodidad habría llegado hasta el entonces DAO. Poco después, recibió la notificación de su relevo.
Siempre según su versión, se le comunicó que desde el PSOE se habían trasladado quejas sobre su actuación y que era necesario adoptar medidas. Como alternativa, se le ofreció un puesto de coordinación en Madrid, cargo que habitualmente corresponde a comisarios principales.
El mando interpreta esta propuesta como un desplazamiento encubierto para apartarlo del conflicto. Rechazó el destino y recordó que ya tenía recurrido un traslado anterior ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Según el relato difundido en medios como The Objective, la respuesta del entonces DAO habría sido tajante, subrayando que debía abandonar su puesto por exigencias políticas.
Inquietud interna tras la imputación del exDAO
La salida de González tras conocerse su imputación ha generado preocupación en distintos niveles del cuerpo. Informaciones adelantadas por El Mundo apuntan a un clima de inquietud ante la posibilidad de que salgan a la luz episodios hasta ahora silenciados.
El comisario que prepara la denuncia reconoce que no actuó antes por miedo a represalias profesionales. Su baja médica llegó después de encadenar el relevo, la pérdida de expectativas de promoción y un progresivo aislamiento interno.
Diversos mandos consultados señalan que existe una percepción de desprotección cuando las críticas afectan a la cúpula policial. La eventual denuncia por coacciones podría abrir una etapa de revisión interna sobre decisiones que, según estas fuentes, habrían estado condicionadas por criterios políticos más que estrictamente profesionales.
