Un «retraso» del Ministerio del Interior ha provocado la pérdida de pruebas clave antes de que se ordenara su conservación
Un posible error administrativo del Ministerio del Interior del Reino Unido podría haber provocado la pérdida de pruebas clave relacionadas con los casos de bandas de explotación sexual infantil, según ha advertido un comité parlamentario.
La preocupación surge tras conocerse que un retraso de más de seis meses en la emisión de instrucciones oficiales pudo impedir la correcta conservación de documentos relevantes. Esta demora habría afectado a organismos como cuerpos policiales y administraciones locales, que no recibieron a tiempo la orden de preservar archivos esenciales para la investigación.
La presidenta del comité de Interior, Dame Karen Bradley, ha solicitado explicaciones a la ministra Shabana Mahmood sobre las consecuencias de esta tardanza. En particular, ha planteado si el Gobierno ha evaluado el impacto que podría tener la desaparición de pruebas, así como las posibles implicaciones legales derivadas de esta situación.
Además, se ha pedido aclarar si las autoridades han consultado con ayuntamientos y otros organismos para determinar si se han eliminado documentos que podrían resultar decisivos en el proceso. También se cuestiona qué medidas se adoptarán en caso de confirmarse la destrucción de información relevante, especialmente teniendo en cuenta que no existía una orden previa que obligara a conservarla.
El origen de esta controversia se remonta a una auditoría realizada por la baronesa Casey, que ya en junio recomendó suspender la eliminación de cualquier registro vinculado a estos casos. Sin embargo, no fue hasta el 14 de enero cuando el Ministerio del Interior inició formalmente el proceso de recopilación de documentos para la investigación nacional.
Dicha investigación estará liderada por la baronesa Longfield y se centrará en analizar posibles encubrimientos por parte de instituciones locales. Contará con amplios poderes legales para exigir pruebas y testimonios, y se apoyará tanto en investigaciones policiales en curso como en los relatos de víctimas y testigos. Cualquier indicio de delito será remitido a las autoridades competentes.
El riesgo de pérdida de pruebas resulta especialmente preocupante si se considera que muchos de los hechos investigados ocurrieron hace años. Las políticas de conservación de datos de distintas administraciones permiten la eliminación de archivos tras determinados periodos, que pueden oscilar entre seis y veinte años.
Por su parte, el diputado Robbie Moore, miembro del comité, ya había advertido en diciembre sobre esta problemática. Según explicó, algunas autoridades locales, como las de Bradford, no habían recibido instrucciones claras para proteger la documentación. A su juicio, se trata de un fallo grave del Gobierno que genera dudas sobre la posible pérdida de información clave.
Moore también ha señalado que no está claro si todos los organismos implicados fueron informados adecuadamente. En este contexto, advierte de que la falta de transparencia podría afectar a la credibilidad del proceso y, lo que es más grave, volver a perjudicar a las víctimas, que llevan años reclamando justicia y respuestas.
