Los hechos ocurrieron en Navarra cuando el marroquí captó a la víctima en una plaza pública y trasladarla en coche hasta un domicilio
La Audiencia Provincial de Navarra inicia el juicio contra un marroquí acusado de un delito de agresión sexual a un menor de 11 años, unos hechos por los que la Fiscalía solicita una condena de 4 años de prisión.
El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado captó la atención de la víctima en una plaza pública de una localidad de la Ribera de Navarra para, posteriormente, trasladarla a su domicilio particular con el fin de realizar actos de carácter libidinoso.
El Ministerio Público sostiene que el acusado, de origen marroquí, se acercó al menor mientras jugaba en la calle y logró ganarse su confianza ofreciéndole juguetes.
Después, siempre según la versión fiscal, lo trasladó en coche hasta su vivienda, donde le habría propuesto sentarse sobre sus piernas mientras jugaba con un teléfono móvil. En ese contexto, la acusación afirma que el hombre se bajó los pantalones y pidió al niño que se colocara sobre él.
Solicitud de expulsión a Marruecos
El menor, de acuerdo con el relato recogido en la causa, manifestó sentirse incómodo y pidió marcharse. En ese momento, el acusado marroquí habría accedido a devolverlo a las inmediaciones de su casa familiar. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a un menor de 16 años.
Dada la condición de extranjero del procesado, la acusación pública solicita formalmente la sustitución de la pena de prisión por su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante 10 años.
Medidas de protección
La petición de la Fiscalía incluye también medidas de protección para el menor frente al marroquí. Se solicita la prohibición de que el acusado se aproxime a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio o de su centro escolar durante 6 años, periodo en el que tampoco podrá establecer ningún tipo de comunicación escrita, verbal o visual con el perjudicado.
Asimismo, el escrito contempla la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que suponga un contacto regular con menores de edad por un tiempo de ocho años.
En el apartado de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el procesado indemnice al menor con la cantidad de 5.000 euros en concepto de daños morales.
Se trata de otro nuevo CASO AISLADO que os contamos en LA BANDERA.
