Los inmigrantes alegaban «vulnerabilidad» pero cobraban más ayudas sociales que la pensión de la mujer
Una mujer de 91 años residente en Málaga, identificada como Isabel, ha conseguido recuperar su vivienda después de cuatro años en los que el inmueble estuvo ocupado por una familia que dejó de pagar el alquiler y logró retrasar el desalojo mediante distintos recursos legales.
El caso ha generado gran interés por la complejidad del procedimiento judicial y por la situación de vulnerabilidad de la propietaria, que incluso tuvo que enfrentarse a este proceso mientras se recuperaba de una operación de cadera.
Un alquiler impagado y un largo proceso judicial
La vivienda fue alquilada por 400 euros mensuales, pero los inquilinos dejaron de abonar la renta poco tiempo después de iniciar el contrato. A partir de ese momento, la propietaria decidió acudir a la vía judicial para recuperar su inmueble.
En 2022, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Málaga dio la razón a Isabel, resolviendo el contrato de arrendamiento y ordenando el desahucio. Posteriormente, en abril de 2023, la Audiencia Provincial de Málaga confirmó la sentencia tras el recurso presentado por la parte demandada.
Suspensiones del desalojo y alegaciones de vulnerabilidad
Pese a las resoluciones judiciales firmes, la ejecución del desahucio se fue retrasando. En diciembre de 2024 se fijó una fecha de lanzamiento, pero este fue suspendido tras alegaciones de vulnerabilidad por parte de la familia ocupante.
La defensa argumentó que el cabeza de familia había perdido su actividad como autónomo y que no disponían de otra vivienda. Estas circunstancias llevaron al juzgado a aceptar la suspensión temporal del desalojo.
Según la documentación del caso, durante este periodo los ocupantes llegaron a percibir ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital, lo que ha reavivado el debate sobre la aplicación de estas medidas de protección.
La situación de la propietaria: edad avanzada y problemas de salud
Mientras el proceso se alargaba, Isabel enfrentaba una situación personal delicada. La propietaria, de 91 años, sufrió un traumatismo de cadera que requirió cirugía y rehabilitación.
A pesar de contar con sentencias favorables desde hacía años, no pudo volver a su vivienda hasta abril de este año, cuando finalmente se ejecutó el desalojo.
Intervención legal decisiva tras años de bloqueo
La recuperación del inmueble fue posible gracias a la actuación del despacho Torres y Tur Abogados, que consiguió desbloquear la ejecución del lanzamiento tras años de paralizaciones judiciales.
El abogado Rubén Torres señala que este caso refleja las dificultades del sistema actual de desahucios cuando se aplican medidas de suspensión de forma prolongada.
Según explica, es necesario analizar con mayor detalle la situación económica real de ambas partes antes de conceder este tipo de protecciones, para evitar desequilibrios que prolonguen indefinidamente la ocupación de viviendas.
Debate sobre los desahucios y la protección de vulnerabilidad
Este caso reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección de personas en situación vulnerable y el derecho de los propietarios a recuperar sus viviendas.
La diferencia entre obtener una sentencia favorable y poder ejecutarla sigue siendo uno de los principales problemas del sistema judicial en materia de vivienda, especialmente cuando intervienen suspensiones prolongadas.
